Antonio Casado

El debate a cuatro y las elecciones del 26-J

Por los pitos de unos y las flautas de otros, los votantes tendrán una sola oportunidad de ver y oír un debate a cuatro. Una vez y gracias. Los cuatro en línea del nuevo escenario político español (Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera) medirán fuerzas el próximo lunes 13 de junio, por la noche, unas horas después del debut de la selección española de fútbol en la Eurocopa (República Checa, a las 15.00).

Lo organizará la Academia de Radio y Televisión con señal de acceso libre para las demás cadenas. Será el gran acontecimiento en el primer lunes de la campaña electoral propiamente dicha. La que está legalmente reglada, aunque en realidad llevamos meses y meses de asfixiante campaña, la que empacha pero no alimenta, con esa insensata complicidad de los medios de comunicación que tanto está haciendo por la banalización de la política. Con perdón, por la parte que me toca.

Es seguro que los cerebros del PP y del PSOE en materia de telegenias y efectos calculados, Jorge Moragas y Oscar López, han llegado a la conclusión de que si no hay más debates es porque no conviene a los intereses de sus respectivos líderes. No le demos más vueltas. Es el principio de conveniencia el que les mueve a ellos a no exponer a sus jefes más de lo necesario (más de lo conveniente, quiero decir). Y es el principio de conveniencia el que mueve a otros a rasgarse las vestiduras por la mala calidad democrática de una campaña en la que solo una vez debatirán entre sí los principales aspirantes a la Moncloa.

Dicho sea todo ello en tanto no haya una regulación legal de este tipo de debates, siempre en base al derecho de los ciudadanos a informarse antes de elegir, y al de elegir antes de comprar. O de votar. Ese derecho está regulado en el caso de los consumidores. No en el de los votantes. Por ahí va una iniciativa del PSOE, cuyo programa recoge -recogía, al menos, de cara a las elecciones del 20 de diciembre- la propuesta de hacer legalmente obligatorios estos debates.

Si la iniciativa ya fuera un hecho inscrito en el Boletín Oficial del Estado, Mariano Rajoy, o cualquier otro candidato, tendría que atenerse a un principio de legalidad. No es el caso porque, de momento, la razón de ser de los debates electorales no habita en la ley sino en la costumbre. De manera que los candidatos han de atenerse al principio de oportunidad. O sea, a su conveniencia. ¿Me explico? Es un derecho de los ciudadanos. De acuerdo. Pero, de momento, es un derecho no escrito. Por tanto, los efectos de violarlo no se verán ante la autoridad judicial-electoral, sino ante las urnas. Para bien o para mal. Un riesgo calculado por los asesores de Rajoy, sobre el que recae la carga de la prueba al ser el único reticente a estar en todos los cruces que otros le proponen y mucho me cuesta creer que lo hagan por su bien.

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