La corrupción es un hecho cierto y lamentable que afecta a todos los gobiernos de la tierra, pero la corrupción seguida de impunidad es un mérito propio y específico de los gobiernos argentinos.
Para no remontarnos muy atrás, desde la restauración democrática con Alfonsín tuvimos los galpones de Ushuaia de Delconte o los pollos de Mazzorin; luego Menem y los mil negociados de María Julia Alzogaray, Dormí o Cavallo; después de la Rúa y la banelco para terminar con los gobiernos de los Kirchner, con un ministro de obras públicas como De Vido implicado en 130 causas por corrupción.
El corrupto, básicamente, busca el dinero y eso hay que quitarle. Bueno, ninguno de estos cientos de personajes políticos ha devuelto un solo peso al Estado argentino. Solo en obras públicas en gobierno de los dos Kirchner (doce años) han estafado al Estado en 102.000 millones de dólares en concepto de sobreprecios.
Sobre el gobierno de Menem (diez años) no hubo ningún control y las cifras se pierden con el tiempo, pero según investigó un estudioso de aquel tiempo, Fernando García de la Costa, el desfalco ocasionado por su gobierno fue de 70.000 mil millones de dólares (YPF, Somisa, Segba, Aerolíneas, Ferrocarriles, etc.).
Sobre los gobiernos radicales de Alfonsín y de la Rúa, como pasa con el tiempo todo se olvida. De todas maneras la corrupción en sus gobiernos existió, aunque fue ostensiblemente menor que en los gobiernos de Menem y los Kirchner.
Ahora bien, lo que ha sido común a todos nuestros gobiernos desde el 83 hasta el 2015 ha sido la impunidad de los corruptos. Nadie fue preso- hubo excepciones como algunos meses Alzogaray o Menem en un chalet- y nadie, pero nadie, devolvió lo que robó. El Estado argentino nunca pudo resarcirse de sus bienes.
Hoy en gobierno de Macri tiene en el puño de la justicia a conspicuos funcionarios del gobierno anterior, pero no tiene la decisión política de incautarles todos los bienes a cuenta de la condena. Es que los funcionarios ejecutivos de su gobierno temen que le suceda lo mismo cuanto terminen su mandato (vienen a ser algo así como corruptos por anticipado, que buscan curarse en salud).
Los funcionarios ejecutivos del actual gobierno, Macri el primero, se refugian en la parodia democrática de la división e independencia de poderes y cargan toda la responsabilidad en el judicial. Pero como el poder judicial carece de poder político, toda su tarea no es otra cosa que una mise en scene de combate contra la corrupción que no llega a ninguna parte.
Filosóficamente es un Holzwege=una senda perdida que no va a ningún lado.
Para concluir, la sociedad argentina se caracteriza por una corrupción con impunidad en donde se realiza el simulacro de hacer justicia pero sin que se logre aplicar la sanción. Es decir, sin que se llegue a castigar a los culpables de corrupción quitándoles, en primer lugar, los bienes mal habidos y luego, mandándoles presos.
En una palabra, en la sociedad argentina actual se rompió la relación proporcional entre la culpa y la pena, entre el delito y el castigo.
