Ignacio Camacho

La legislación independentista catalana es un juego de realidad aumentada

Normas virtuales insertadas en el paisaje jurídico

La legislación independentista catalana es un juego de realidad aumentada
Ignacio Camacho. PD

SI mañana se desencadenase en Cataluña una campaña de desobediencia civil a ciertas leyes autonómicas (por ejemplo, las relacionadas con el modelo de imposición lingüística), a las autoridades de la Generalitat les faltaría tiempo para denunciar a los insumisos ante la Justicia… española, que es la única que rige en el territorio del Principado.

Aplicarían a los rebeldes una cadena de multas, demandas y embargos, y harían bien porque la ley hay que cumplirla y los gobiernos están para hacerla cumplir. Sin embargo, esos mismos gobernantes desacatan las sentencias que revocan sus actos de arbitrariedad y proclaman -ayer mismo por enésima vez- su intención de pasarse por el forro las prohibiciones de Tribunal Constitucional sobre su famoso prusés hacia la independencia.

La justicia del Estado opresor y toda esa matraca. Así es y así funciona el nacionalismo, como un embudo de sinrazón oportunista en el que los nacionalistas se sitúan siempre por la parte ancha. Y lo seguirán haciendo hasta que alguien les obligue, con la fuerza del orden constitucional democrático, a pasar por la estrecha como el resto de los ciudadanos.

Mientras no sea así, y el Estado contemporice bajo la trivial coartada de no agrandar el victimismo, el separatismo seguirá jugando a la secesión virtual mediante la creación de estructuras aparenciales instaladas en un limbo jurídico.

La famosa «hoja de ruta» hacia la independencia es un juego de realidad aumentada como ese de Pokémon. El Parlamento catalán va creando leyes fantasmas, irreales, insertadas como los muñecos de Nintendo en el paisaje del ordenamiento español. Pero del mismo modo que nadie cree que los pikachus y demás monigotes estén ahí de verdad, la arquitectura legal secesionista tampoco existe ni tiene validez alguna.

Que prueben, si no, sus promotores a obligar a los contribuyentes y a las empresas a ingresar cotizaciones e impuestos en la Hacienda paralela catalana. O más sencillo aún: que intente la Generalitat acudir al mercado de deuda sin el aval del odioso Gobierno de España. A ver cuántos bonos-pokémon caza.

Farfolla, sí. «Cosa de mucha apariencia y poca entidad» (DRAE). No obstante, conviene a la salud política de la nación que la aparatosa farfolla independentista no desequilibre la estabilidad de las instituciones ni merme el crédito del sistema judicial con una irritante sensación de doble rasero.

La impunidad de la provocación debe acabar para sentar el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Justicia. Los españoles obligados a acatar leyes y sentencias no pueden seguir viendo cómo otros compatriotas (por más que lo sean a su pesar) blasonan de desobedecerlas.

La insumisión, aunque se mantenga en el plano teórico, ha de tener consecuencias prácticas. Porque si no las tiene habrá que colegir que el Tribunal Constitucional carece de potestad para defender la Constitución.

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