La vicepresidenta Sáenz de Santamaría, supuestamente hábil jurista, dio, tras el Consejo de Ministros, una lección magistral de cómo se pueden retorcer las leyes, incluida la Constitución, para que siempre favorezcan al PP.
Tratando de ustificar que no se fije una fecha para el debate de investidura, y a Rajoy que no deja claro si piensa presentarse aún con el riesgo de perder, describió el acto constitucional como un debate más de los muchos que se dan en el Congreso y aseguró que su finalidad es la de investir a un presidente y que si no se tienen los apoyos pues para qué.
Desde la recuperación de la democracia los debates de investidura han servido para que el candidato explique a la cámara, al resto de las fuerzas parlamentarias y, sobre todo, a los españoles su programa para recabar los apoyos, si es que los necesita, o para gobernar en solitario como le ocurrió a Rajoy la pasada legislatura.
Precisamente una legislatura en que la prepotencia, la corrupción que lleva aparejada el exceso de poder y los recortes sociales salvajes que no figuraban en su programa, fue lo que alejó a todos los partidos, y sobre todo al PSOE de Rajoy, y le atenaza, incluso, para darle una abstención. Por eso los dirigentes populares se equivocan en su estrategia de presión/chantaje a la ejecutiva socialista.
Al parecer, el argumento de la responsabilidad de Estado, tan manoseado desde Génova, solo sirve cuando es Rajoy quien necesita los votos de los demás. Porque, si tan grave es la situación, ¿Por qué el PP no aplico «su» sentido de Estado y se abstuvo cuando Sánchez y Rivera llegaron a un pacto en marzo pasado? Si además resulta que ahora les gusta el texto del acuerdo o incluso están dispuestos a aceptar la desaparición de las Diputaciones.
Algún experto electoral debería aconsejar a los portavoces populares, a Casado, a Sáenz de Santamaría, a Hernando, que se bajaran del pedestal de «sus derechos» para no irritar más a los socialistas de los que dependen.
Rajoy, que ya ha moderado el entusiasmo con el que salió tras la entrevista con Rivera, va a tener que pasar por el mal trago de presentarse, porque a eso le obliga encargo del Rey por mucho que quieran retorcer la Carta Magna, no una, sino dos o tal vez tres veces para lograr esos votos que a día de hoy no tiene.
Tal vez, en el camino, deberá dejarse muchos pelos en la gatera, porque el sistema parlamentario español fija, al contrario de lo que cuentan, que para poder gobernar no basta con ganar las elecciones ni con tener cincuenta y dos escaños más que tu siguiente adversario político, hay que tener en la primera votación al menos ciento setenta y seis apoyos o en la segunda más votos a favor que en contra.
Esa es la única legalidad vigente y, cuando enfilamos la segunda semana de agosto, el error en el mensaje perpetua la incertidumbre.
