Pierdan toda esperanza quienes esperan de este Congreso averiado, incapaz de dotar a España del Gobierno que le falta desde hace diez meses, un pleno de la Cámara para ajusticiar al Gobierno en funciones por el caso del ex ministro Soria y en nombre de la sagrada función de control al Ejecutivo.
No será en el hemiciclo sino en el más recoleto ámbito de la Comisión de Economía donde se producirá, seguramente la semana que viene, la consabida comparecencia del ministro en funciones, Luis de Guindos, para explicarse sobre un escándalo que le ha dejado por mentiroso. No solo a él. También a Rajoy, a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, a Cospedal y a todos los que, en Génova o en Moncloa defendieron la arbitraria propuesta del ex ministro de Soria como director ejecutivo del Banco Mundial.
Si nos ceñimos al lugar común de que en la primera caída Soria pasó por mentiroso (abril de 2016), hemos de admitir que ahora el mentiroso (septiembre de 2016) ha sido el Gobierno, como demostró sobradamente el excelente trabajo de indagación informativa llevado a cabo por El Confidencial.
Ahí queda claro que la segunda caída de Soria no se ha debido tanto a sus antecedentes «panameños» (Jersey y Bahamas, en realidad) o a su dañada imagen pública para ocupar el cargo, sino el descaro con el que el Gobierno ha mentido a los españoles.
Otra cosa es el formato de la comparecencia de De Guindos para explicar este último tiro en el pie del Gobierno Rajoy. Moncloa se dispone a actuar a la luz del principio de oportunidad, puesto que el de juridicidad está puesto en cuestión ¿Tiene obligación un Ejecutivo provisional de someterse al control de un Parlamento que aun no ha cumplido con su obligación de elegir un Gobierno definitivo? No hay respuesta jurídica porque justamente es la que se reclama del Tribunal Constitucional a fin de cubrir el vacío normativo que existe en nuestro ordenamiento.
Si no hay respuesta jurídica, la respuesta ha de ser necesariamente política. Es decir, la que se inspira en tal principio de oportunidad. De ahí que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, adelante su intención de convocar ese pleno de control, en relación con el caso Soria, con la siguiente salvedad: «en función de la disponibilidad del Gobierno».
Por tanto, la presidenta convocará porque es el mandato que ha recibido de la Junta de Portavoces, pero el pleno no se celebrará porque el Gobierno no está obligado legalmente frente a un Parlamento diferente al que le otorgó la legitimidad después de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011. Y nadie podrá quitarle la razón jurídica (la de carácter político va por barrios, naturalmente) mientras el Tribunal Constitucional no resuelva el conflicto de atribuciones planteado por varios grupos parlamentarios durante la legislatura tonta alumbrada el 20 de diciembre de 2015.
