Una sociedad sin memoria y con escasa cultura es proclive a tragarse casi cualquier eslogan.
Y al menos una parte de la española acepta de buen grado eso de que el Partido Popular es el despiadado continuador de las ideas de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera (tanto monta, monta tanto): el «partido fascista» o al menos reaccionario, aquél al que los progresistas han de parar los pies.
Ése es el espantapájaros que el Partido Socialista ha agitado con éxito desde Felipe González hasta Pedro Sánchez, pasando -cómo no- por José Luis Rodríguez Zapatero, y que han recogido con fruición desde los separatistas catalanes y vascos hasta Pablo Iglesias. Ese no pasarán es el que ha dominado todo el inacabable debate sobre la investidura de Mariano Rajoy y la formación de un nuevo Gobierno del PP.
Problema: eso es falso. El PP de 2016, y en buena parte el de 1996, no es ni fascista ni reaccionario… ni gran cosa. Es un partido de orden, de poder, formado por técnicos comerciales y abogados del Estado, por funcionarrios que -aparte de tentaciones ya bien documentadas de forrarse con los contratos públicos- aspira a una gris pero previsible gestión socialdemócrata al estilo de (casi) todo lo que se ha hecho en Europa desde 1945. La ideología le importa muy marginalmente.
Ya lo expresó bien Rajoy en abril de 2008, en aquel famoso acto pepero de Elche: «Si alguien se quiere ir al partido liberal o al conservador, que se vaya». Y lo corrobora su política de «sentido común», en la que la situación económica ha sido el leitmotiv en estos ocho últimos años.
Pero Rajoy no ha inventado el pragmatismo, el tacticismo o lo que algunos llamarían oportunismo en el PP: mucho antes, José María Aznar ya había cedido, cuando aquellos pactos del Majestic rubricados porque necesitaba el apoyo parlamentario de Jordi Pujol, casi todo lo que se podía ceder en Cataluña.
Y el PP se ausentó en la práctica de la política catalana y de la vasca, dejando a los nacionalistas educar a su modo y manera a dos generaciones de estudiantes y arengar a los ciudadanos a través de los medios de comunicación públicos, a la vez que les entregaba los cadáveres políticos de todos los dirigentes que intentaron mantener el tipo allí como españoles.
Con ser importante el orden y la gobernabilidad en un momento histórico tan delicado, más importante es la crisis profunda, no sólo del régimen de la Constitución de 1978, sino del Estado y de la nación.
Y el PP de Rajoy está dolorosamente carente de credibilidad -y probablemente de argumentos- para oponerse al secesionismo porque lleva muchos años sin creer en nada trascendental sobre la legitimidad de la nación española, o al menos sin manifestar que lo cree. Por eso el debate sobre la investidura no pasa de anecdótico.
