Ignacio Camacho

El despiece procesal de los ERE amenaza con desembocar en un galimatías jurídico

Dos jueces, dos criterios

El despiece procesal de los ERE amenaza con desembocar en un galimatías jurídico
Ignacio Camacho. PD

DOS jueces, dos criterios. El despiece del caso de los ERE tras la salida de Mercedes Alaya ha provocado una bifurcación procesal que amenaza con un galimatías jurídico. A medida que se aproximan -en los siempre lentos tiempos de la justicia- los primeros desenlaces de la maraña sumarial, el doble enfoque de los nuevos instructores conduce a una flagrante contradicción.

Así, mientras que el juez Álvaro Martín ha convocado juicio oral por prevaricación y malversación contra Chaves y Griñán, imponiendo al segundo una onerosa fianza, su colega María Núñez Bolaños ha resuelto en distintos autos que las ayudas prejubilares eran legales y que las irregularidades se hallan en algunos expedientes concretos.

Para uno existen responsabilidades políticas de alto nivel y para la otra se trata de una hipótesis «manifiestamente absurda». En resumidas cuentas, que el primero considera viciado todo el sistema y la segunda lo estima conforme a derecho.

Alaya siempre sostuvo la idea de una causa indivisible, troncal, que contemplaba el laberíntico fraude como producto de una decisión política planificada para burlar las reglas de transparencia y control.

Así lo estimó parcialmente el Supremo al resolver sobre la imputación de los dos expresidentes y sus consejeros. Pero al desgajarse el sumario tras su marcha según el criterio de la Fiscalía, la acusación contra los altos cargos ha seguido un curso, y el resto de las piezas otro.

El juez Martín ha secundado la tesis del esquema piramidal diseñado y ejecutado en busca de un lucro electoral; Bolaños, por su parte, avala el procedimiento genérico de ayudas descartando todo atisbo de clientelismo y limitando las culpas a conductas y episodios puntuales.

A efectos jurídicos no cuenta el hecho de que la magistrada aterrizase en el proceso tras un fino trabajo de encaje de la Junta de Andalucía entre las bambalinas del Poder Judicial. Sólo hay dos magistrados distintos con opiniones diferentes.

De este modo, Chaves y Griñán pueden ser condenados en un tribunal por dos delitos que viene a negar la otra instructora del mismo caso. Un embrollo monumental que habrá de desbrozar el Tribunal Supremo cuando le llegue la casación correspondiente.

Para eso falta mucho tiempo; la macrovista contra las dos docenas de dirigentes aún tardará casi un año. Plazo de sobra para más debate, más acusaciones arrojadizas, más ruido político y más veredictos anticipados de opinión pública.

Quizá Alaya, desde su nuevo puesto en la Audiencia, suspire con amarga melancolía ante un enredo que le da la razón, al menos en el plano instrumental, sobre su defensa de una sola causa, un solo juez y un solo criterio.

Pero ha habido demasiadas interferencias y demasiados intrusos en este asunto, y no todos estaban en los expedientes de prejubilación. Cuando la política entra por la puerta de los juzgados, la justicia salta por la ventana.

Recibe nuestras noticias en tu correo

Lo más leído