Nuestra patria ha sufrido como ninguna otra en Occidente el odio terrorista donde bandas de extrema izquierda y/o sepaRATAS han asesinado a mil personas, condenado al exilio a más de 200.000, extorsionado miles de millones de euros, lastrado la economía y pervertido la realidad política y sociológica de regiones enteras para someterlas al yugo de su ideología delirante.
Como símbolo sangrante de la claudicación de la Derecha más acomplejada frente al terrorismo marxista-sepaRATISTA tenemos la amnistía de 1977 de la que aún 31 años después se jactaba ese pérfido traidor llamado Rodolfo Martín Villa declarando en el Diario de León: «por primera vez en 200 años, no había un sólo preso en las cárceles españolas por razones políticas, y no había un solo exiliado».
Esta decisión fue gravísima pues de la noche a la mañana se puso en la calle a cientos de etarras que después asesinaron a decenas de españoles. Se liberó a la escoria que asesinó al presidente del gobierno, D. Luis Carrero Blanco. Y aquel tiparraco, Martín Villa, salido directamente de las ubres del Movimiento, con la camisa azul pegada al cuerpo durante un porrón de años, con más «Cara al sol» a sus espaldas que los miembros de la Primera línea de Falange, llamó a los asesinos etarras «presos políticos». ¿Cabe mayor vileza?
Pues no satisfecho con eso, fue el mismo que impuso la bandera de la ETA como la oficial en Vascongadas. Y ello, por supuesto, con el apoyo entusiasta de otra criatura del Franquismo más azul que fue Adolfo Suárez. En un gesto de enorme dignidad cientos de alcaldes, concejales y diputados provinciales dimitieron en Vascongadas por su oposición a semejante estupidez. Porque sabían lo que esa bandera representaba. Cientos de héroes, gente sencilla, vascos hasta las trancas, euscaldunes en bastantes casos, y sobre todo patriotas españoles dijeron ¡NO! A pesar de que sabían que esa actitud valiente podía costarles la vida (como así fue, por ejemplo, a D. Luis Uriarte, alcalde de Bedia) o el exilio (como a D. Miguel Ángel Arrizabalaga, alcalde de Ondárroa, al que la ETA le asesinó un hermano).
En aquellos turbulentos años, AP y UCD tenían todavía algunas diferencias y concretamente respecto a la bandera del PNV/ETA que Martín Villa impuso. En una entrevista realizada en 1976 dijo Fraga: «Todas las banderas regionales están permitidas menos la vasca porque no es una bandera regional, sino que es una bandera separatista y porque es una bandera, que si usted me permite que lo diga, FALSA. Las banderas regionales, provinciales, de Guipúzcoa y Vizcaya por ejemplo son muy respetables…» En un momento dado y ante las preguntas de los periodistas Fraga pierde los estribos y llega a exclamar exaltado: ¡En fin en todo caso para enarbolar esa bandera, pasarán por encima de mi cadáver!
Por entonces, AP no había, ¡todavía!, pasado completamente por el aro de la traición y el entreguismo. En este tema de la bandera de PNV/ETA, el cambio de Fraga y por lo tanto de AP vino pocos años después cuando la abrazaron con la pasión que sólo un converso puede tener.
Pero, claro, le pasó a Fraga lo inevitable. En el año 1984, durante la campaña de las elecciones al parlamento vasco, paseando por el mercado de Azpeitia tuvo un roce con un ciudadano que le recordó su frase «antes de legalizar la ikurriña, tendrán que pasar por encima de mi cadáver».
El espontáneo interlocutor reprochó a Fraga, «haber cambiado de chaqueta» y obtuvo una respuesta fulminante: «Es usted un impertinente y no se lo consiento. Es usted un grosero». El vasco, patriota, no se achantó y le espetó castizamente al chaquetero: «No, yo no soy de Gros (barrio donostiarra), yo soy de Azpeitia». Sin sorpresas, el buen hombre se identificó como militante carlista…
Pero la ignominia no terminó ahí. El PP, como antes la UCD, (del PSOE ni hablo porque no merece la pena) concedió a la ETA la categoría de interlocutor del gobierno de la nación y se sentaron con ellos a negociar la rendición de toda una nación en mayo de 1999.
Como gestos de «buena voluntad» (entiéndase de capitulación), el Gobierno del PP ordena entre septiembre de 1998 y septiembre de 1999, el acercamiento de más de 120 presos de ETA a cárceles próximas a las Vascongadas y permite el regreso a nuestra patria de más de 300 etarras.
De aquella época son algunas declaraciones que figurarán en lugar preeminente en el museo de la claudicación:
«El proceso y el procedimiento (en la lucha contra ETA) serán largos. No podrá haber nunca ni vencedores ni vencidos«. (Ricardo Martí Fluxá, 28-11-97)
«Con la violencia no se consigue ningún tipo de ventaja política, pero estoy dispuesto a ser generoso si es necesario, a ser comprensivo, si eso ayuda al final del terrorismo.» (José María Aznar, 5-3-98)
«Ya he dicho que el Gobierno está dispuesto a acompasar la política penitenciaria a los avances que se produzcan en el proceso de paz. …». «A veces hay una inversión de valores que parece obligarnos a los demócratas a dar pasos….». «Lo que debemos tener son actitudes abiertas». (José María Aznar, 11-10-98)
Aunque Aznar y sus bufones quieran hacer olvidar todo aquello, los hechos son tozudos: durante su gobierno se produjeron entre 1996 y 2000, 311 excarcelaciones de etarras. De ellas, 64 correspondieron a terroristas condenados por asesinatos múltiples a penas superiores a veinte años (en algún caso superiores a doscientos y aún a trescientos años).
Lo que vino después no fue sino continuar sin frenos por la cuesta abajo de la vergüenza. Rajoy ha sido el mejor continuador del pacto que ZP firmó con la ETA por la que se aceptaban prácticamente todas las exigencias de los asesinos. El resultado es que los presos salen de la cárcel en masa, que la ETA está legalmente presente en todas las instituciones vascas y que la presencia real del Estado en Vascongadas es prácticamente inexistente.
La traca final la formaron dos tristísimos hechos: de un lado la liberación, exclusivamente por una orden del gobierno de Rajoy, del secuestrador de Ortega Lara Jesús Uribecheverría Bolinaga y por otra la aplicación de la sentencia del 21/10/2013 del Tribunal de derechos humanos de Estrasburgo (TEDH) a la demanda de la asesina etarra Inés del Río. Al día siguiente el PP liberó a esa malnacida, culpable de 24 asesinatos y condenada a 3.828 años de cárcel.
Esa desgraciada sentencia fue la excusa perfecta para que el PP cumpliera el pacto con la ETA y concedieran la amnistía total a sus presos bajo el paraguas de una sentencia judicial. Entre los beneficiarios hubo más de 60 presos etarras, muchos de ellos asesinos, seis miembros de los Grapo, e indeseables como el asesino y violador de la niña Olga Sangrador o también el llamado «violador del portal».
Sin embargo, juristas de renombre rechazaron la decisión del gobierno del PP alegando que la sentencia no era vinculante para anular la doctrina Parot, ya que cuando España firmó el convenio europeo de derechos humanos lo hizo conforme al artículo 94 de la Constitución Española y no respecto al 93, de tal forma que el Tribunal Constitucional es la última instancia nacional. Además, recordaron que en países como Inglaterra no se cumplen sentencias del TEDH si son incompatibles con sus ordenamientos jurídicos.
Pero el PP no hizo nada…
Con semejante balance de rendición ante ETA, no podemos esperar que la Derecha- cagueta lo haya hecho mejor frente a los que recogían las nueces del nogal agitado por la ETA.
Y, ¡atención!, que yo no estoy hablando aquí de la postura firme de un número importante de cargos públicos de AP, UCD y PP que en Vascongadas, Navarra y Cataluña plantaron cara valientemente a los sepaRATAS desde 1975 y que en decenas de casos pagaron con sus vidas y en centenares con el exilio. Vaya desde aquí mi admiración más sincera a esa gente y a sus familias que con ideales nobilísimos militaron en el sitio equivocado. Al contrario, lo que denuncio es que sus propios partidos les traicionaron y ensuciaron su memoria por un plato de lentejas.
Para ilustrar la claudicación de la derecha frente a los independentistas me serviré de cuatro ingredientes y de una guinda a ese pastel infecto: el estatuto de autonomía vasco, el pacto de Aznar con el PNV y sus consecuencias, ídem con CiU, el cachondeo de la reforma de los estatutos de autonomía durante el gobierno de ZP y la guinda con sabor a corrupción del 3%: la declaración de Pujol como «hombre del año» por ABC en 1984.
El estatuto vasco significó transferir el grado más alto de competencias de un gobierno nacional a un gobierno regional en Europa. Ni en Alemania, estado federal, ni en Gran Bretaña, estado formado por cuatro naciones, ni siquiera en Bélgica, tradicionalmente representado como un conflicto permanente de regiones e identidades, el grado de autonomía es tan alto. ¿Era necesario llegar a eso? ¿Tan ciega y estúpida era la UCD para no darse cuenta que semejante tontería abriría la puerta a la ruptura de la nación?
Como muy acertadamente ha resumido el periodista Cayetano González, periodista próximo al PP y por tanto nada «sospechoso» (al revés que yo) : «El pacto estatutario fue un acuerdo político que de alguna manera llevaba implícito otro pacto no escrito que se podría formular de la siguiente forma: nosotros (el Gobierno de la UCD) os damos a vosotros (los nacionalistas del PNV) todo el poder político en Euskadi a cambio de dos condiciones: que seáis leales al marco constitucional y estatuario y que os impliquéis en primera línea en la lucha contra ETA«.
Suárez no tuvo empacho en traicionar a sus militantes vascos al entregarlos al verdugo sepaRATA a cambio de poder. Al final perdió el poder, los etarras le mataron a sus militantes mientras el PNV silbaba y miraba para otro lado y no le quedó ni un gramo de dignidad.
Años después, en 1996, Aznar ganó las elecciones por mayoría simple el tres de marzo de ese año. El día después ya estaba negociando (entiéndase «claudicando») frente a los sepaRATAS.
No en vano, Javier Arzallus, el que recogía las nueces del nogal agitado por la ETA, declaró eufórico: «He conseguido más en 14 días con Aznar que en 13 años con Felipe González». Ya es decir…
Pero, claro, a la vista de las transferencias decididas por el PP, no es de extrañar la alegría del azcoitarra: transferencia de la formación continua, la devolución del patrimonio incautado al PNV en la Guerra civil, la regulación de las telecomunicaciones, la supresión de los gobernadores civiles, la descentralización de las políticas activas de empleo y de los puertos, someter a régimen de concierto los impuestos especiales -alcohol, tabaco e hidrocarburos- liberalizados desde 1993 (esto supondría para el País Vasco la recaudación de unos 130.000 millones de las antiguas pesetas), capacidad normativa para el IRPF, recaudación por la Hacienda vasca de la tributación de las empresas con delegaciones en Vascongadas y cuya central esté en otros puntos de España…entre otras.
Los sepaRATAS corruptos del 3% de CiU no iban a ser menos y además de ayudarnos a descubrir que Aznar hablaba catalán en la intimidad (¡guau!) consiguieron todo lo que pidieron y más: las competencias de tráfico (hasta entonces en manos de la Guardia Civil) y la desaparición, en la práctica, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de Cataluña a la imagen de lo que se perpetró en Vascongadas, además de otras en el ámbito de la justicia, la educación, la agricultura, la cultura, las farmacias, la sanidad, el empleo, los puertos, el medio ambiente, la mediación de seguros y la vivienda.
A petición de la «cofradía del 3%» se suprimió el servicio militar obligatorio y se eliminó la figura del gobernador civil, que fue sustituido por el subdelegado del Gobierno, con menos competencias que el anterior.
Igualmente a la demanda de los corruptos, Aznar propició un nuevo sistema de financiación para las CCAA que incluyó la cesión del 33% de la recaudación del IRPF (antes era del 15%), del 35% del IVA (desde el 0% anterior) y del 40% de los impuestos especiales.
Y se concedieron canales adicionales de TDT a la Generalidad, antes que al resto de las CCAA. Por supuesto desde esos canales, se predica el odio a España, su unidad y su Historia.
Pero Aznar, seguramente para borrar su pasado de militante del sindicato falangista de estudiantes «Frente de estudiantes sindicalistas», fue más allá. Tras la aprobación de la autonómica Ley de Política Lingüística de 1998, que establecía una clara discriminación hacia el idioma español – sobre todo en la educación y el comercio-, evitó recurrirla ante el Tribunal Constitucional y maniobró para que el Defensor del Pueblo tampoco lo hiciera.
De hecho, fue incapaz de garantizar el derecho de los padres a que sus hijos recibieran la enseñanza en español (junto al catalán), como ordenó el Tribunal Constitucional en 1994, y permitió que se siguiera aplicando el sistema de inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán.
Tampoco movió un dedo para implantar los contenidos educativos comunes a nivel nacional que pretendía la fracasada reforma de las Humanidades impulsada por la entonces ministra de Educación y Cultura, Esperanza Aguirre.
El corruptísimo Pujol, en sus memorias, agradece públicamente al ex presidente del Gobierno las facilidades (entiéndase las bajadas de pantalones) que le dio: «Insistí especialmente en la lengua. Textualmente le dije, según consta en los documentos de la reunión: ‘Sobre todo es necesario que no sea discutida y menos atacada la política lingüística de la Generalitat, en la escuela y en general. El PP debe olvidarse de eso, en Cataluña y fuera de ella. (…) Aznar, hombre de palabra, cumplió los compromisos del pacto. (…) Pudimos pasar de la agresiva actitud de Aleix Vidal-Quadras, su líder en Cataluña en los años anteriores, a otra más favorable, la de Josep Piqué y Francesc Vendrell, surgidos del ala más catalanista del PP. Nos consultaron algunos nombramientos de gente del PP que querían hacer en Cataluña».
A pesar de todas estas fechorías, la unidad de España seguía en pie aunque cada vez más fragilizada. Para intentar romper nuestra patria definitivamente, el tipejo más pernicioso de los últimos cuarenta años, el más inculto, el más trepa, el más sectario, el más mentiroso, el más huero, José Luis Rodríguez Zapatero decidió apoyar entusiastamente la modificación del estatuto de Cataluña cuyo único objetivo era certificar irremisiblemente la defunción de España.
¿Cuál fue la actitud del PP? La de siempre…
Por una parte, engañar a su electorado patriota, noble, lanzando una campaña contra ese estatuto modificado que consiguió más de cuatro millones de firmas solicitando la celebración de un referéndum en toda España con esta pregunta: «¿Considera conveniente que España siga siendo una única nación en la que todos sus ciudadanos sean iguales en derechos y obligaciones, así como en el acceso a las prestaciones públicas?». Un contenido ciertamente etéreo capaz de engañar a su electorado más ingenuo y de no exigir ciertamente nada en caso de haber triunfado en un eventual referéndum. Este nunca se celebró puesto que el Congreso no lo aprobó. Pero cuando el PP ganó las elecciones del 20/11/2011 con mayoría absoluta, todo ese fervor ¿patriota? cayó en el olvido y los cuatro millones de firmas fueron a la basura.
Por otra parte, una vez que se abrió la caja de Pandora en 2005 con la modificación del estatuto catalán, las otras no quisieron quedarse atrás. El frenesí por ver qué región era la más nacionalista alcanzó las cimas más altas de la estulticia. Y, evidentemente, el PP fue uno de los «protas» de ese aquelarre. Apoyó con entusiasmo la modificación del estatuto andaluz donde se reconocía a esa región como una «realidad nacional». Preguntado por el particular, Rajoy declaró que «la definición de realidad nacional es una cuestión meramente estética que no significa nada, una «opinión particular en un pasado remoto». ¡Con un par!
Y se inventó la denominada «cláusula Camps», recogida en la disposición adicional segunda del estatuto valenciano, que establece que «cualquier modificación de la legislación del Estado que, con carácter general y en el ámbito nacional, implique una ampliación de la competencias de las Comunidades Autónomas será de aplicación a la Comunidad Valenciana». Como los niños: «¡y yo más!».
Para coronar todo ese oprobio, el periódico ABC, eximio representante de la derecha mediática, defendió con ardor al «molt corrupte» Pujol durante años y concedió en 1984 su galardón de «español del año» a ese personaje del que toda España, salvo el ministro Montoro, sabe que es el político que más ha trincado en este régimen (llamado) democrático.
Esto, amable lector, es el resumen del patriotismo ficticio, amañado e impostor de la Derecha-cobardona española.
(CONTINUARÁ…)
