Rita Barberá era políticamente responsable de la corrupción de su partido en Valencia, por acción o por omisión, porque su poder allí, compartido con otros, había sido casi absoluto. Pero había que demostrar que lo sabía o lo había permitido y ya no será posible. Y esta política, a la que votaron reiteradamente millones de valencianos, y, sobre todo, esta persona, no ha tenido el derecho constitucional de presunción de inocencia porque fue declarada culpable hace tiempo por todos. Somos todos culpables. Y aunque solo unos pocos, apenas conocida la noticia de su muerte, han preferido incidir en la cacería, en la venganza y en el odio en lugar de guardar un discreto y respetuoso silencio, todos somos responsables. A Rita Barberá la condenaron algunas de las malas compañías que hicieron de la maquina popular en Valencia y en toda la comunidad, una presunta fábrica de corruptos. Pero ella, como todos, también tenía derecho a la presunción de inocencia.
A Rita Barberá la condenaron los medios de comunicación hace tiempo y no supo, no pudo o no quiso defenderse, aunque ante el juez, hace apenas unas horas, manifestó su inocencia. Parece difícil pensar que no sabía nada de lo que pasaba a su lado, pero tenía derecho a la presunción de inocencia.
Rita fue echada de su partido, por el que hizo todo lo que pudo y más, y algunos le dieron la espalda, después de aclamarla como ejemplo. A algunos de sus compañeros les daba asco, ahora, sentarse a su lado o acudir a actos donde estuviera ella. Cuando Celia Villalobos dice, refiriéndose a los medios, «la habéis condenado a muerte», también tendría que haber incluido a su partido. Y debería haber tenido derecho a la presunción de inocencia en el seno del PP. Sus rivales han descargado sobre ella todo lo que no pudieron cuando gobernaba, con mayorías absolutas y un enorme respaldo popular. Quien haya estado en Valencia habrá visto el fervor que despertaba hasta no hace mucho tiempo en una ciudad que ella contribuyó decisivamente a llevar a la modernidad. Merecía el derecho constitucional a la presunción de inocencia.
Algunos diputados, todos saben quiénes, se marcharon ayer del Congreso de los Diputados para no guardar un minuto de silencio y de recuerdo a Rita Barberá. «Los homenajes a corruptos, sobran», dijeron para justificar su desprecio. Pero en un Estado de Derecho sólo es corrupto aquél que ha sido condenado por un juez.
Estamos acostumbrados todos a practicar impunemente la presunción de culpabilidad. Hemos tirado a la basura, el derecho de defensa y el derecho a la presunción de inocencia, dos pilares fundamentales de la democracia. Rita Barberá es solo un caso extremo. Hay muchas más personas hoy en España, de todos o casi todos los colores políticos, que han sido condenados sin haber sido juzgados. Y que nunca recuperarán su crédito aunque sean declarados inocentes. La vida es muy importante, pero el honor de cada persona lo es, incluso, más.
