Fernando Jauregui

Arden los teléfonos

Arden los teléfonos
Fernando Jáuregui. PD

Tengo grandes esperanzas en la ‘política de teléfono rojo’ que mantienen tres de los cuatro principales dirigentes españoles. Doblado el Cabo de las Tormentas del primer aniversario de aquellas elecciones generales que, el 20 de diciembre de 2015, abrieron un período de inestabilidad política sin precedentes en España, acabamos de empezar una nueva etapa. Tengo para mí que va a ser de talante completamente nuevo, una vez que el ‘no, no, no y qué parte del no’, etc, que era la divisa del desaparecido Pedro Sánchez, ya no cotiza. Ahora no se trata de mantener políticas partidistas, que tiempo habrá para eso ahora que va a llegar la época de los congresos de las cuatro principales formaciones del país -habrá importantes movimientos internos en todos ellos–, sino de hacer un ensayo de servicio a los ciudadanos y, por qué no, a la patria, que es palabra que no debería estar tan en desuso.

Los dos principales partidos nacionales, que se reparten un considerable poder territorial, se mantienen en continuo contacto de cara a la celebración de la Conferencia de Presidentes Autonómicos que tendrá lugar en enero, pero que registrará una importante sesión preparatoria ya dentro de unas horas, cuando la vicepresidenta Sáenz de Santamaría se encuentre con vicepresidentes y consejeros económicos de las autonomías, probablemente incluyendo la vasca y la catalana.

Tengo la impresión de que esta Conferencia de enero va a tener, a poco que se empeñen quienes en ella participen, mucha más importancia que las precedentes, celebradas en tiempos de Zapatero y de las que no salieron más que rencillas y palabras huecas. Claro que entonces, hace cinco años, el llamado ‘problema catalán’ no se contemplaba en los términos actuales, ni existía tanta constancia de la mala marcha del llamado ‘estado de las autonomías’. «Hay que arbitrar soluciones y mentalidades nuevas», reconocía a este cronista un importante presidente autonómico a comienzos de esta semana. Admitía hasta la posibilidad de introducir el término ‘nación dentro de la nación española’ en una futura reforma constitucional que afectase a Cataluña; pero, sin embargo, se mostró mucho más remiso a la hora de aceptar una reforma fiscal que suponga un tratamiento para Cataluña similar al que ahora beneficio al País Vasco y Navarra y, por tanto, distinto al que ahora tienen las restantes CCAA’s: «eso no podría presentárselo a los electores, a mis electores», comentó mi interlocutor.

Así las cosas, la sombra de un fracaso se cierne sobre esta primera ocasión de retomar el debate sobre el ‘estado de las autonomías’, aunque sea de manera parcial y a puerta cerrada. La exigencia de Cataluña de mantener un ‘tratamiento bilateral’ con el Gobierno central puede dar al traste con muchas iniciativas bienintencionadas. Y la convocatoria de una ‘cumbre’, este viernes, para reafirmarse el Govern en el proyecto de referéndum secesionista, tampoco es que ayude mucho al buen clima que debe imperar para llegar a acuerdos de calado.

No soy nada optimista en el sentido de que el president Puigdemont acuda a esta Conferencia, pero no estoy seguro de que pueda mantener su hostilidad a la misma una vez que conozca que los temas en agenda son de especial interés para el futuro de Cataluña: ¿cómo podría entonces justificar su ausencia de este cónclave autonómico que tanta importancia y trascendencia va a tener, sin duda, para los catalanes, por ejemplo, en materia de encaje en Europa? Y, en otro orden de cosas, ¿no sería esta Conferencia una espléndida oportunidad para que el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, reafirmara su distanciamiento de los ‘modos catalanes’ acudiendo a la cita en el Senado? En cualquier caso, y volviendo por donde solíamos, hay que celebrar que parece que el acuerdo entre ‘populares’ y socialistas de cara a este magno intento de reordenación autonómica está ya bastante consolidado, y que incluso en Ciudadanos, que no tiene presencia en el foro de presidentes autonómicos, existe una voluntad de respaldo a este consenso inicial. Que, por cierto, abarca ya a la necesidad de proceder a una reforma constitucional ‘controlada’ para impedir que tomen consistencia las exigencias de Podemos en el sentido de abrir un proceso constituyente, que sería algo que podría acaso poner en tela de juicio las vigas maestras del actual sistema.

Que siga, pues, y si es posible hasta se incremente, esa ‘política del teléfono rojo’ de todos con todos. O, al menos, de muchos con muchos, que me dicen que Rajoy está invirtiendo mucho en llamadas que antes se resistía a hacer. Vienen tiempos de construir puentes; no, como se ha hecho desde el 20 de diciembre de 2015 hasta hace unas pocas semanas, de derribarlos.

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