Convengamos, por ejemplo, que en el único sitio en el que se ha hablado de la comparecencia de Puigdemont en el Parlamento Europeo ha sido en Cataluña y, más aún todavía, en el resto de España. Una escandalera notable, olvidando varias cosas, entre ellas que el hecho de ocupar una sala del europarlamento para dirigirse a una serie de convocados, por invitación de un eurodiputado, es bastante sencillo: sin ir más lejos, quien suscribe tuvo la oportunidad de hacerlo, algunos años atrás, por invitación del presidente del Partido Popular Europeo, ‘Tono’ López Istúriz. Y la repercusión internacional de aquella comparecencia, que versó en torno al mundo educativo y laboral, fue, lógicamente, nula. Eso sí, no disponía yo de fondos públicos para anunciar mi comparecencia en diarios como Le Monde o Le Soir , ni tenía relevancia alguna como para que los medios nacionales se hiciesen eco de mi presencia en Bruselas.
Quiero con ello decir que resulta algo provinciano creer que el hecho de ocupar un estrado en el Parlamento Europeo, que es algo al alcance de casi cualquiera, resulta un hito en la diplomacia catalana: ocurre simplemente que la Generalitat dedica abundantes recursos a establecer representaciones («embajadas» dice el conseller de ‘asuntos extranjeros’, Romeva) en el exterior, y no pocos euros a publicitarse, como ha sido el caso de esta comparecencia de Puigdemont en Bruselas. Lo demás lo hacemos nosotros, discutiendo si son galgos o podencos, o poniendo a caldo a un ministro que se atrevió a decir que el president de la Generalitat estaba en su perfecto derecho (y lo está) de hablar de lo que le dé la gana en el foro que quiera. Y me parece que es un derecho, a esa libertad de expresión, que hay que preservar sobre todas las cosas, lo que no se siempre se hace en este país cainita.
Cuestión diferente es cómo se enfoque ese derecho, a veces abusivo, que ejerce un sector de los catalanes. Y digo un sector porque ciertamente no todos están de acuerdo en las tesis independentistas, aunque la mayoría sí lo estén en que hay que celebrar algún tipo de consulta. Y muchas veces las reacciones que se producen en el resto de España ante esos abusos que llegan desde ciertas autoridades catalanes son excesivas en su belicosidad o en su intransigencia: ni se debe judicializar la vida política en lo relativo a las relaciones Cataluña-resto de España ni hay que desenterrar constantemente el hacha de guerra legal, porque hay muchas maneras de aplicar la ley y muchas circunstancias en las que el abuso de la aplicación de la misma conduce al legado romano de ‘summa lex, summa iniuria’. Creo que el Ejecutivo de Rajoy ha comprendido, al fin, esta innegable realidad.
Mucho más productivo me parece ir preparando el futuro. Sobre todo, el poselectoral catalán, suponiendo que esta Comunidad Autónoma esté abocada a celebrar pronto unas elecciones si el diálogo instaurado, y bien instaurado, desde la vicepresidencia del Gobierno central acaba por no dar frutos.
La situación ahora es la siguiente: el principal interlocutor de la Generalitat, que no es el saliente Puigdemont, sino el creciente Oriol Junqueras, sabe que simplemente no podrá llevarse a cabo, de manera que produzca efectos, un referéndum en los términos independencia sí-independencia no. Ni España, ni esa Europa tan anhelada por el actual ocupante de la Generalitat, ni al menos la mitad de los catalanes, que no quieren alterar su actual estatus, lo podrían permitir. Y el Gobierno central, a su vez, con Soraya Sáenz de Santamaría a la cabeza, es consciente, como lo son hasta los más intransigentes, de que algún tipo de consulta habrá que realizar a los catalanes, tratando siempre, desde luego, de ajustarse a la Constitución.
Y claro que la Constitución, y la propia normativa del referéndum, permiten esas consultas autonómicas, en torno a un nuevo Estatuto de autonomía (art 152.2), que dice que los Estatutos (de autonomía) «solo podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes». Reformemos, pues, el Estatut, mejorándolo en pro de los catalanes, y sometámoslo a continuación a referéndum* incluyendo en ello las modificaciones constitucionales pertinentes, que se hayan ido pactando con alguien con un sentido tan pragmático de la vida como quien es ya, de hecho, el personaje con mayor poder en la vida oficial catalana, es decir, el líder de Esquerra.
Ya sabemos que esta ‘solución’ no será el arreglo final y definitivo, sino un capítulo más de aquella ‘conllevanza’ que Ortega y Gasset recomendaba en las relaciones del Estado con Cataluña. Pero, al fin y al cabo, ¿no ha sido sino una mal llevada conllevanza por ambas partes lo que ha incrementado el porcentaje de independentistas? Eso, claro, y los silencios: resulta difícil de entender que, en la pasada ‘cumbre’ de presidentes autonómicos, el ‘tema catalán’, que estaba en todas las mentes, se tratase como un asunto de rutina, casi de pasada. Y más difícil me resulta aún comprender que los principales partidos nacionales, que se afanan preparando sus respectivos congresos para estos días, orillen en sus documentos de debate el principal de los problemas políticos que tiene el país., es decir, esa tentación secesionista de una parte de los catalanes.
Ese toro algún día, y más bien pronto que a medio plazo, habrá que agarrarlo por los cuernos, ver hasta dónde están ambas partes dispuestas a transar y eso, conllevarse. Que, todo bien mirado, tan, tan mal no nos ha ido desde que, en 1977, se inició la primera transición, y Tarradellas y Adolfo Suárez decidieron, sí, conllevarse, que nos conlleváramos. Y es lo que hemos venido haciendo hasta que las mutuas torpezas nos han llevado hasta donde estamos.
