EL neoyorquino Bernard Madoff fue el príncipe de los timadores. Con su leyenda de inversor de ojo prodigioso, sus modales suaves y su pátina de filántropo armó la mayor pirámide de Ponzi de la historia.
Su estafa piramidal dejó un pufo de 65.000 millones de dólares e ilustres víctimas por medio planeta. El FBI lo trincó en diciembre de 2008. A pesar de lo alambicado del caso, en solo tres meses el amable septuagenario fue declarado culpable, y dos más tarde, condenado a los 150 años de cárcel. Fin.
¿Se imaginan el caso Madoff en manos de algunos de los colosos de nuestra Audiencia Nacional? A estas alturas todavía estarían recabando datos. O enredando en culebrones dictados por filias políticas.
El 23 de enero, una tropilla un poco friki del movimiento okupa londinense se apalancó en lo que había sido la sede histórica del Instituto Cervantes, un edificio que hoy es propiedad de un magnate ruso, ubicado en un barrio fino de precios alienígenas. El oligarca presentó una denuncia.
El martes, solo ocho días después de la invasión, se celebró en un juzgado de Londres la vista del caso, que se falló al momento. Ganó el ruso. A la hora del desayuno del día siguiente, por orden judicial, la Policía y varios guardas jurados sacaron de allí a nuestros flipadillos okupas, que se han ido con la música a otra parte (no tienen mal gusto: un casoplón con vistas al Palacio de Buckingham).
¿Qué habría pasado en España? Pues que los antisistema acabarían recibiendo subvenciones de Colau y Doña Manuela por apropiarse de una propiedad privada. ¿Y la justicia?
El año pasado, en Vigo, un propietario desesperado acabó pagándoles un piso de alquiler a sus okupas. «Si hubiésemos decidido quedarnos, los trámites judiciales para echarnos le habrían llevado como mínimo dos años», señalaron los okupas, certeros conocedores de lo bien que funciona nuestra justicia.
El «molt honorable» Jordi salió del armario fiscal en julio de 2014, confesando su despiste andorrano. Saltó el tapón. Todo el negocio del clan Pujol a costa de los catalanes salió a la luz. Ni uno ha pisado la cárcel y las sentencias parecen un futurible lejano.
Francisco Granados fue detenido en octubre de 2014. Sin duda parece un pícaro, pero es inadmisible que se le recluya dos años en prisión provisional sin ser sentenciado. ¿A qué esperan los jueces? El caso Urdangarín surgió hace ya siete años. Su nivel de complicación es bajo comparado con el de Madoff, que se zanjó en cinco meses, pero sigue a la espera.
En junio quedó visto para sentencia. ¿Por qué no se esfuerza la jueza para resolver de una vez un asunto relevante, tal y como se hace en cualquier ámbito laboral? O siendo un caso de libro, ¿por qué no se defiende a los ciudadanos españoles y se condena de inmediato a Forcadell y Homs por sus prácticas golpistas para tratar de destruir el país?
Da igual, olvidemos estas menudencias que lastran nuestro Estado de Derecho y vayamos con los temas serios: Pablito y Errejón se han reído en el escaño, a Sánchez no le mola el paro y vuelve a dar la brasa, Rivera proclama que ya está «preparado para gobernar» (¿su comunidad de vecinos?), Cifuentes ha tenido otra ocurrencia de autopromoción. En fin…
