La Asamblea Nacional de Cataluña y la Sociedad civil catalana debaten en el Ateneo de Madrid por primera vez.
En el marco de un ciclo de actos sobre Cataluña, organizado por el Ateneo de Madrid, el jueves 2 de Febrero tuvimos la ocasión de presenciar como el voluntarismo medía sus fuerzas con los argumentos inapelables de la legalidad vigente.
Belén Murillo, madrileña de San Fernando de Henares, tuvo la ocasión que democráticamente le otorgó el Ateneo, para confrontar sus ideas con las de una pequeña, cuantitativamente hablando, asociación de catalanes, sociedad civil catalana, que defienden su derecho de mantener su doble condición, primero de catalanes y después de españoles.
Presentados por José Martínez Pastor y moderados por Ángel Luis Alonso de Antonio, presidente de la sección de ciencias Jurídicas y Políticas del Ateneo de Madrid, el voluntarismo de la ANC se agitaba nerviosamente frente a los sencillos e incontrovertibles argumentos de la sociedad civil catalana.
Además de un problema político económico, jurídico e ideológico, el factor emocional, pasional se filtraba por los huecos dialécticos que mostraba el discurso de la Sra. Murillo.
Agarrada al agravio magnificado de la modificación del Estatuto de 2006, la Sra. Murillo lo tomaba como un antes y un después, aduciendo que 2006 era una cosa y 2017, otra muy diferente, como si en 11 años hubiesen transcurrido tres siglos, lo que justificaría una nueva legalidad basada en la voluntad de sus partidarios frente al respeto de la Constitución, que pretenden no les concierne a pesar de haber sido aprobada legamente en Cataluña.
Apoyado en su lema «Unidad en la diversidad», José Domingo, solo tenía que acudir a la falsificación de los hechos que supone prepara un referéndum para consultar sobre algo que no tiene actualmente viabilidad legal.
De haber, según los cauces que la propia Constitución prevée, una reforma al efecto, sería la ocasión de considerar un referéndum que consultara al pueblo español sobre la posibilidad de una secesión de Cataluña.
No admitido esto por la ANC ya que saben que esa consulta no les daría el resultado que pretenden, necesitan limitarla a la Comunidad Autónoma de Cataluña para lograr una posible victoria del «SI» y llegamos así al núcleo jurídico y por lo tanto político, del problema.
El sujeto jurídico de una consulta que afecta a 46 millones de habitantes en ese mismo cuerpo electoral y no únicamente la población de Cataluña. Porque no se trata de aumentar o disminuir el número de fiestas en el calendario laboral o la supresión de las corridas de toros. Eso sólo afectaría al sujeto jurídico catalán, obviamente.
En este caso, la creación de un tercer Estado en la Península Ibérica, afectaría sensible y dramáticamente a toda la población española actual. Por ello, deben ser consultados también al ser parte afectada.
Conocedora de todo esto, la ANC pretende un derecho a decidir a la carta, solamente para Cataluña, única forma de tener alguna posibilidad de lograr una mayoría que pretenden valida en un simple 51%, como si fuera lo mismo elegir un alcalde o unos diputados al Congreso que secesionar un territorio del resto del español. Por su trascendencia, solo sería válido un 70% ó 75% de votos favorables a la secesión. No lo lograrían y lo saben.
Por esta razón han escogido la vía de los hechos consumados, preparando mes tras mes datos de un censo electoral, sopesando el número de jueces favorables a la secesión, etc. Buscando incluso aliados internacionales que verían una magnifica cabeza de puente en la Península Ibérica.
Por eso es bueno, a parte de por instinto democrático, confrontar estas posiciones, por que permiten encontrar los vacíos en la estructura secesionista emocional, pasionalmente reforzada y jurídica y constitucionalmente derrotada antes de nacer.
Razón contra emoción y la legalidad vigente aplicándose proporcionalmente. Más imaginación política que facilite alternativas legales tapando huecos, extinguiendo fuegos. Lo necesario para cerrar la fractura social.