La actividad en el Congreso de los Diputados y en el Gobierno ha sido frenética esta semana.
Cierto que muchas de las proposiciones que se van aprobando por los grupos políticos van a tener una viabilidad muy reducida o incluso en algún caso nula.
Pero ciertamente se van tomando decisiones algunas importantes y que afectan a los ciudadanos de una forma directa, como el decreto que desvincula la inflación de los precios y tasas de los servicios públicos.
Se trata de que los precios suban por coste y no por el IPC. Los cálculos de la administración hablan de un ahorro en torno a los 700 millones de euros. Estamos hablando de peajes, billetes de transporte, alquileres no ligados por contrato al IPC, contratos, arrendamientos o mano de obra de contratas públicas.
En el Congreso el jueves hubo pleno y se aprobaron varias proposiciones. Por ejemplo se tomó en consideración la que pretende instaurar la jornada laboral hasta las 18,00 horas para funcionarios y empleados públicos.
También la de estudiar la puesta en marcha de una renta mínima de inserción. Asunto controvertido, ya que como hemos contado ya aquí en alguna ocasión, a gran escala y sin condicionamientos de tiempo y formación puede desincentivar la búsqueda de empleo y acabar cronificando la situación de pobreza que se pretende erradicar y aumentando la economía sumergida.
Además, no queda claro a qué número de personas podría afectar, así que los cálculos de su coste van desde los 15.000 a los 40.000 millones de euros, razón por la cual, el gobierno hará valer su veto y no saldrá adelante.
La medida hace saltar por los aires el techo de gasto aprobado y no hay una contrapartida de ingresos.
Pero, y es lo más importante, los que han realizado esta propuesta, incluidos los sindicatos mayoritarios, sorprendentemente son los mismos a los que les parece indigno que una persona tenga un trabajo a media jornada de 400 o 500 euros, pero les parece bien que reciba el mismo dinero pero sin hacer nada y lo que es peor sin formarse para poder entrar en el mercado laboral e ir progresando desde esos primeros bajos salarios.
Se diría que buscan otra cosa. Quizás que esos miles y miles de personas a los que supuestamente están ayudando tengan claro quién es su «benefactor» a la hora de cualquier proceso electoral.
Todo esto sin olvidar que ya existe el Plan Prepara para personas sin trabajo y sin ninguna prestación y la renta mínima de inserción que dan las Comunidades Autónomas.
Ayudas dispersas y sin mucho control, pero que han servido de colchón a muchas familias en riesgo de pobreza y que serán mucho más eficaces cuando se implante la tarjeta social que el gobierno prepara desde la celebración de la reunión de presidentes.
