Carlos Carnicero

Trump derrotado por un juez federal

Trump derrotado por un juez federal
Carlos Carnicero. CC

Hace diez días, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva o decreto presidencial que suspendía los visados de siete países de mayoría musulmana (Irán, Irak, Yemen, Siria, Libia, Somalia y Sudán) e indefinidamente la acogida de refugiados sirios. La puesta en vigor de la medida causó caos en los principales aeropuertos de Estados Unidos y afectó inmediatamente a trabajadores de varias multinacionales. Días después, el presidente norteamericano llegó a colgar el teléfono al primer ministro de Australia en su conversación sobre el compromiso de Estados Unidos de acoger a 1200 refugiados sirios residentes en Australia.

La orden presidencial fue denunciada en varios estados ante jueces federales. El viernes, el juez federal James Robart, del estado de Washington, concedió la medida cautelar de suspender completamente y en todo el país la aplicación de la orden de la Casa Blanca mientras no se resuelva la demanda.

La reacción del presidente estuvo en su línea. Tachó al magistrado de «supuesto juez» y a la medida de «ridicula». El recurso presentado por la presidencia de Estados Unidos ha sido rechazado por el tribunal de apelaciones número nueve del mismo estado que confirma la paralización de los efectos del decreto presidencial.

Ahora el asunto deberá resolverlo el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero mientras tanto la medida ha quedado sin efecto.

Es la primera derrota del presidente en la sucesión de órdenes presidenciales firmadas durante los quince días desde su toma de posesión.

Lo relevante de este asunto es que una vez más se han puesto a prueba los mecanismos de garantías del estado de derecho en Estados Unidos. Es un aviso para el presidente, que pretende gobernar a golpe de decreto y, como se ha visto, lastimando derechos fundamentales.

La Constitución norteamericana tiene un delicado equilibrio de poderes y contrapoderes que consagran garantías de los derechos que están contemplados en la Carta Magna.

En España, con un funcionamiento en muchos casos lento del sistema judicial, llama la atención como un juez federal de un Estado puede paralizar en todo el país una orden presidencial pocas horas de producirse su firma.

Nos espera un interesante duelo entre las pulsiones autoritarias del nuevo presidente, el matonismo con el que ejecuta sus decisiones y los controles constitucionales a los que se tendrá que enfrentar.

En España, sobre todo con el desafío independentista catalán, tenemos que observar con admiración la determinación de las instituciones norteamericanas al hacer frente a cualquier incumplimiento de la ley aunque proceda del propio presidente.

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