Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea ha advertido a los británicos de que su salida de la Unión Europea comportará «una factura muy cara» y que se necesitarán años para rehacer los lazos y una nueva forma de relación con Europa. ¿Quién va a hacer esta misma reflexión a los políticos y a los ciudadanos catalanes? Tal vez habría que extremar más la reflexión porque en el Brexit manda, sobre todo, la economía, aunque los ingleses hayan disparado un tiro al corazón de la unidad europea. En el problema catalán lo afectado es la convivencia, la unidad, la política con mayúscula. Y en lo que se refiere a la economía, tanto a los británicos como a los catalanes les están diciendo que todos sus problemas se solucionarán abandonando Europa o España. Donde no hay dinero, crecerán los billetes; donde peligran las pensiones, habrá jubilaciones de oro; donde no hay para pagar a los proveedores, los árboles producirán euros. Donde no hay políticos de altura, surgirán los estadistas.
La disolución del contrato entre Europa y Gran Bretaña va a significar una factura muy importante, más para la economía británica que para la europea, pero también para ésta. Una posible independencia de Cataluña supondría una altísima factura económica imposible de asumir por Cataluña y España pagaría un alto precio en su fortaleza empresarial, su competitividad o su capacidad exportadora e innovadora. Pero ese impacto, en el marco de la Unión Europea, en el que no estaría Cataluña, sería más soportable.
Pero, en un uno y otro caso, la factura económica no es la más importante. Lo verdaderamente relevante es la fractura social y política. El Reino Unido está dividido, a pesar de que sus políticos han dado un paso al frente apoyando de forma irreversible el proceso de separación. Si Cataluña lo hace, con una sociedad fracturada, partida en dos, sin garantías de una mayoría social dispuesta a dar ese paso y, lo que es peor, sin la información suficiente de las consecuencias reales de la independencia, no sólo habrá una ruptura con el resto de España sino una profunda fractura interior que es la más difícil de curar. Y si se impone la legalidad por la fuerza, se tardarán décadas o siglos en curar la fractura.
No es sólo que un número importante de empresas se vaya del territorio catalán, que los catalanes dejen de ser ciudadanos de la Unión Europea o que nadie sepa cómo van a hacer sus gobernantes para pagar las deudas y las facturas que hoy cubre gracias a la ayuda generosa y sin intereses del Estado español. ¿Quién les va a prestar dinero y a qué interés? Lo grave, con serlo eso mucho, es que hay familias divididas y enfrentadas, empresas que dudan seguir allí, gobernantes que alardean de saltarse las leyes, inseguridad jurídica. Quienes nos están llevando hacia un callejón sin salida, y lo saben, son responsables de las consecuencias. Todavía hay que dar una oportunidad al diálogo sincero y discreto. A nadie le conviene el desacuerdo, pero menos que a nadie a los ciudadanos catalanes. Todo lo que no sea escuchar al otro y evitar la fractura será una victoria de la sinrazón.
