Pero al jefe del Estado aún le queda una imprescindible tarea por hacer
Seis años, cinco meses y un día después, el caso Urdangarin es ya cosa juzgada, aunque falte el recurso ante el Tribunal Supremo.
Para los juristas queda ahora interpretar la aparentemente benévola resolución de la vistilla sobre el futuro inmediato del cuñado del Rey, y para los españoles de a pie canalizar el enfado que, a tantos ciudadanos, durante tanto tiempo, ha provocado la falta de ejemplaridad de algunos de sus más notables representantes, institucionales y políticos (La Reina Sofía aprieta las tuercas a Letizia para que ceda y acepte ‘reintegrar’ a Cristina en la Casa Real).
Como principio general diré que en aquellos casos donde no existe riesgo personal para los demás, nadie debería ser encarcelado mientras no haya una sentencia firme (El Rey sopesa rehabilitar a la Infanta, presionado por su madre Sofía y con reticencias de Letizia ).
Pero todos debemos reconocer que el estallido del también conocido como caso Nóos, aquel lejano 22 de julio de 2010, se ha llevado por delante algunas convenciones hasta ahora indiscutibles.
La abdicación de un jefe del Estado, Juan Carlos I, la voladura del sistema bipartidista que ha regido los destinos de España desde la Transición y la aparición de nuevos partidos, que han podido y sabido canalizar la indignación de una sociedad zarandeada además por una crisis económica sin precedentes en nuestra historia reciente.
Queda por saber el daño que las más que discutibles andanzas de la Infanta Cristina y su marido han hecho al actual inquilino del Palacio de la Zarzuela.
El Gobierno, a través del Centro de Investigaciones Sociológicas, tiene una buena oportunidad para tomar la temperatura a los españoles, tras años obviando la consulta sobre el desgaste de la que ha sido, históricamente, una de las instituciones mejor valoradas.
A Felipe VI y a su renovado equipo de colaboradores se les debe reconocer la decisión, la firmeza y la habilidad para acabar con unas cuantas conductas «viciadas» heredadas de cuatro largas décadas del reinado de su padre: la ligereza en la elección de algunos compañeros de viaje, aquellos cortesanos; la confusión entre el desempeño institucional y los asuntos privados y la convicción, equivocada, de que indudables servicios prestados a España le facilitaban la patente de corso para ciertas aventuras, como poco, inconvenientes.
Este ambiente fue sin duda el caldo de cultivo apropiado para que Urdangarin y su avispado socio, Diego Torres, se afanaran en la tarea de sacar tajada de algo tan antiguo como las amistades en el entorno del poder.
Los españoles más jóvenes, seducidos muchos de ellos por los cantos de sirena del populismo sin complejos que crece sin cesar, deben saber que la Jefatura del Estado ha desempeñado un papel imprescindible en una España tan acostumbrada a las trincheras: ser el símbolo y el instrumento de la unidad, la pluralidad, la convivencia y la concordia entre españoles, sean de donde sean y piensen lo que piensen.
Pero también el actual Rey debe sacar una lección de lo sucedido en estos últimos años. La España de finales del pasado siglo, ni siquiera la de los primeros años de éste, es la de 2017.
Ejemplaridad y transparencia son dos principios que los españoles no van a permitir que se les escatime otra vez. Don Felipe ha dado indudables pasos en el buen sentido, como arrojar luz a los presupuestos de la Corona y limitar a los Reyes y sus hijas el antes nebuloso concepto de Familia Real.
Un Estatuto de la Corona
Pero hay que seguir dando pasos en ese sentido. No sería malo redactar un Estatuto de la Corona que determine la responsabilidad de la Jefatura del Estado en coyunturas no previstas hasta ahora, como por ejemplo el año de parálisis político que ha tenido a España casi doce meses con un gobierno en funciones y un país paralizado sin que el Monarca pudiese ser más que un testigo privilegiado de esa anomalía.
También los medios de comunicación tendremos que reflexionar sobre nuestro papel como poder controlador del resto de poderes, también de la Corona. El juancarlismo ha sido, en ese sentido, una etapa a estudiar y de la que todos deberíamos haber extraído conclusiones.
Y también en la manera en que se debe trasladar a la sociedad el día a día de procesos judiciales insoportablemente largos y extremadamente complicados, convertidos en muchas ocasiones en juicios paralelos, al albur de las audiencias televisivas, donde la «pena del telediario» es la norma general, sin tener en cuenta algo tan imprescindible en un Estado de Derecho como la presunción de inocencia.
A falta de que el Tribunal Supremo de carpetazo definitivo al caso Urdangarin -habrá que esperar seguramente más de un año-, Felipe VI se libera por fin del gran debe que le legó su padre abdicando.
Al Rey hoy le corresponde liderar la modernización de una institución básica en nuestra arquitectura constitucional que solo se justifica por su utilidad. Y más en tiempo de tempestad nacional e internacional.
Y es que, como decía el clásico, «la Monarquía será útil o sencillamente … no será».
