Aceptar la retirada del nombre del Rey de un parque con el voto del 0,2 por ciento es una aberración que nunca podría ser calificada de legítimo ejercicio de la voluntad popular
LA consulta popular organizada por el Ayuntamiento de Madrid para dirimir el futuro urbanístico de la Gran Vía o la Plaza de España, para cambiar de nombre al Parque Felipe VI o para crear un billete único de transportes ha sido un plebiscito infantil que pervierte el espíritu de la democracia representativa.
Ha sido una ópera bufa, repleta de dudas y sospechas en la proclamación jurídica de su resultado. Pese a lo que sostenga este Consistorio en manos populistas, no debería tener carácter vinculante.
Si de casi tres millones de madrileños convocados a las urnas apenas han participado 200.000 -no llega al 8 por ciento-, es evidente que el fracaso de la convocatoria no tiene paliativos.
Aceptar la retirada del nombre del rey de un parque con el voto del 0,2 por ciento es una aberración que nunca podría ser calificada de legítimo ejercicio de la voluntad popular. La consulta abre la puerta a una gran duda: si ahora se movilizaran 400.000 madrileños en una campaña pública de firmas para que esas reformas sean paralizadas, ¿a qué resultado «democrático» se atendría Carmena?
Tampoco las condiciones de participación y recuento de votos han sido las más ajustadas a Derecho: sin garantía en la protección de datos fundamentales de los ciudadanos, sin más recuento oficial que el realizado por una empresa afín a Podemos contratada a dedo junto a voluntarios de última hora y sin control administrativo alguno.
La garantía de participación de una exigua minoría en una votación no equivale a la voluntad de la mayoría, que en las urnas delegó este tipo de decisiones a los grupos municipales.
Ellos son los representantes elegidos por los ciudadanos, y a ellos les corresponde decidir.
Además, la votación resulta un fraude moral en la medida en que se avalan proyectos sin formar convenientemente a la opinión pública con un debate realista sobre las especificaciones técnicas de cada uno, sin conocer la opinión contrastada de expertos en movilidad y urbanismo o sin saber el coste de cada reforma.
Preguntar a los madrileños si quieren más árboles y espacios verdes es una triquiñuela argumental a la que es difícil oponerse.
En realidad, se trataba de un plebiscito para legitimar decisiones ya adoptadas previamente y recubrirlas de una engañosa legitimidad ciudadana. Es la falsa democracia con que se disfrazan los movimientos autoritarios.
Más aún, la votación debería invalidarse toda vez que la consulta sobre la aprobación de un billete único de transportes supera las competencias del Ayuntamiento e invade las de la Comunidad. Todo ha sido una farsa para secuestrar la opinión de nueve de cada diez madrileños, que se han negado a caer en la trampa de Carmena.
