La crisis entre PP y Ciudadanos en Murcia ha puesto sobre la mesa el pacto suscrito entre ambos partidos por el cual cualquier político imputado, es decir, investigado por la Justicia, está obligado a dimitir inmediatamente.
La investigación judicial no hace desaparecer la presunción de inocencia. Es una medida fundamentalmente garantista mediante la cual, al iniciar diligencias de investigación sobre la existencia de delitos, la Justicia proporciona a la persona investigada la posibilidad de acudir acompañado de un abogado al iniciar una evaluación de posible comisión de un delito.
La antigua denominación, «imputación», ahora cambiada en el código penal, podía inducir a confusión con el auto de procesamiento, cuando en realidad es una simple medida indagatoria.
La consecuencia de la severidad del criterio adoptado en el pacto PP con Ciudadanos conduce a la posibilidad que un político dimita y luego sea eximido de toda responsabilidad penal.
La crisis de Murcia determinará la necesidad de revisar este acuerdo para que no suceda que un político por el hecho de ser investigado, acabe siendo objeto de una presunción de culpabilidad.
Es cierto que la espectacularidad en calidad y cantidad de casos de corrupción en la política española y la falta de reacción de los partidos en los casos de corrupción ha forzado a adoptar esa medida rigurosa que convierte la imputación en una muerte civil de la que es muy difícil resucitar en caso de que el asunto sea sobreseído o el político declarado inocente.
La condena, o al menos la apertura de juicio oral debiera ser el momento en que se produjera la dimisión, cuando el político atañido por un escándalo esté formalmente procesado.
Es difícil rebobinar. Y la pregunta pertinente es por qué el PP ha firmado un acuerdo que no está dispuesto a cumplir.
Ciudadanos y PP están presos del compromiso suscrito. Y la única solución es el cumplimiento del pacto o la revisión del mismo.
