El gobierno quería que el Real Decreto Ley de liberalización de la estiba se convalidase este jueves en el Congreso de los Diputados y no va a ser así. Al final, el ejecutivo lo llevará la próxima semana a la espera de contar con los votos necesarios para su convalidación y envío a Bruselas. Se trata de evitar la multa de 22 millones de euros que pende sobre nuestros bolsillos y los 134.000 euros diarios que nos empezarán a cobrar las autoridades europeas si en dos semanas no se aprueba definitivamente la norma.
El Ministerio de Fomento ha considerado este retraso teniendo en cuenta que no ha podido convencer a los partidos políticos para que den su aprobación al Real Decreto Ley. Las posturas siguen enfrentadas. No se entiende muy bien que tanto PSOE como Ciudadanos hayan puesto tantas pegas, ya que el mandato de liberalización de la estiba viene dado de una sentencia del Tribunal Europeo y ya otros países europeos han abordado esta reforma con prácticamente los mismos ingredientes.
Los estibadores y las empresas siguen manteniendo contactos, pero la amenaza de varios días de huelga sigue en pie. Los estibadores quieren que se alargue el plazo de tres años fijado en la norma del gobierno para la reconversión total. Y piden dinero público para garantizar la subrogación de los contratos. Parece que los estibadores desearían un plazo mayor para jubilarse definitivamente, ya que por su pertenencia al sector del mar se jubilan con algo más de 50 años. Y, por lo que se ve, hacerlo a costa de todos los españoles, los millones de ciudadanos que han visto cómo por la crisis han perdido su empleo o le han bajado los sueldos o empresas que han tenido que cerrar. La competencia debe marcar el futuro de este sector y los privilegiados de la estiba se niegan a costa de todos, de los impuestos de los españoles. El gobierno debe empeñarse en convencer a los grupos políticos y no perder de vista que todos hemos pasado por algo parecido y que la opinión pública no está dispuesta a seguir pagando los privilegios y los sueldazos de estos poco más de 6.000 trabajadores que se han propuesto hacer un roto a la economía española de dimensiones gigantes.
