Carlos Cuesta

¿Artur Mas o el juez Serrano?

¿Artur Mas o el juez Serrano?
Carlos Cuesta, director de La Marimorena (13TV)

¿A quién impondría usted una pena mayor? ¿A Artur Mas, condenado por la votación separatista del 9-N, o al juez Serrano por modificar el turno de custodia de un menor para que pudiera salir en una cofradía de la Semana Santa sevillana? Piense bien la respuesta. Porque nuestro engranaje penal acaba de adjudicarles la misma inhabilitación: dos años.

Según el PP, se trata de un golpe «muy duro» para los separatistas. Según ERC, de un fallo «indigno y antidemocrático».

Cada cual que ponga los calificativos que quiera. Pero los hechos son evidentes: desobedecer al TC, poniendo urnas para retar al Estado, su Constitución y la unidad de España cuesta, exclusivamente, dos años de inhabilitación para cargo público -de una persona que ya había dejado la Generalitat- y 36.000 euros. Porque esa ha sido la condena a Mas por el 9-N.

Y los 36.000 euros los pagará a plazos: 100 euros al día durante 12 meses. Para Joana Ortega la inhabilitación es aún menor -año y nueve meses-, y multa de 100 euros diarios durante 10 meses. Y aún más suave para Irene Rigau, inhabilitación de año y medio y multa de cien euros diarios durante ocho meses. Condenas que poco tienen que ver con la petición del fiscal: de entre nueve y diez años de inhabilitación.

En resumen: en dos años podrán tener cargo público, tras pagar un importe global en multas de 90.500 euros: 64 veces menos de lo que incluyó inicialmente la Generalitat en sus presupuestos para el nuevo referéndum separatista.

Y ello, pese a que los tres afirmaron en el juicio que no dudarían en repetir sus actos; que Mas, en el día de autos, retó públicamente a la Fiscalía a actuar contra él; que plantaron durante más de media hora al tribunal para manifestarse ante sus puertas arropados por miles de personas movilizadas por el Ejecutivo autonómico y partidos separatistas; y que ni siquiera han acudido a la lectura del fallo, tras ser advertidos de su obligación de asistir.

Todo ello, sin contar con que, desde el inicio, la Fiscalía descartó pedir penas de prisión por malversación porque, debió considerar, que las urnas, organización, papeletas, recuento o publicidad eran gratis. Todo a coste cero o pagado por seres altruistas. ¿A alguien le extraña que los partidos secesionistas no desistan del nuevo referéndum?

Por cierto, en el caso del juez Serrano, la Comisión Permanente del CGPJ acaba de considerar que su condena -la de dos años de inhabilitación- es suficiente para expulsarle definitivamente de la carrera judicial. Mas y compañía no tendrán ese trato.

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