Los inhabilitados tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (cuatro siglas, cuatro mentiras, como URSS y CGPJ) no son Mas, Rigau y Ortega, sino los houdinis de esa obra maestra de escapismo:
«No puede descartarse un juicio interpretativo que se represente la posible legalidad del proceso».
Puede y debe: Arcadi Espada recordaba ayer a Mas diciendo «si la Fiscalía quiere saber quién es el responsable de abrir los colegios, que me mire a mí; el responsable soy yo y mi Gobierno». ¿Cuántas veces han repetido los golpistas «Lo volveríamos a hacer»? Si no vivieran en Estocolmo, hasta los jueces las habrían oído.
Lo de que se puede desobedecer y no prevaricar es dogma nuevo: la Inmaculada Prevaricación. También -y ésta es hazaña fiscal- se puede prevaricar y no malversar fondos.
¡Cuando se guardan hasta facturas de empresa por los gastos del referéndum golpista del 9-N! Claro que, a lo mejor, estos magistrados suecos son los únicos que no saben que el referéndum tenía y tiene como único objeto destruir el Estado y el régimen constitucional que ellos juraron defender y del y por lo único que cobran.
Es el Estado de Derecho el que queda inhabilitado tras una sentencia que eleva a un nivel estratosférico la múltiple vara de medir, según donde el magistrado-sastre haga el traje al justiciable.
Ejemplos: boicot y empujón en la librería Blanquerna, seis años de cárcel. Un millón de euros de blanqueo marital, año y medio de cárcel a la Pantoja. Una del PP valenciano, por 20.000 euros, diecisiete años de cárcel. La Infanta Cristina, enamorada y absuelta.
Anuncian, preparan y perpetran un golpe de Estado para destruir el régimen constitucional y la integridad nacional y los jueces dicen que alguien se despistó algo. El desconocimiento de la ley no exime de cumplirla, salvo en Cataluña. Allí, se jactan del delito, acosan a los jueces, insultan a la fiscal, llega la Justicia, se levanta la venda y le da un besito al revoltosín.
Inhabilitados quedan también los partidos que dicen defender la Constitución y a España. Dice Pablo Casado que la sentencia prueba que la ley es igual para todos. Y Rivera que «al ocupar un cargo público» no puede comentarla.
Olé. Quedan inhabilitados los rumores de que en Cataluña había oposición, y era Ciudadanos. E inhabilitada la ciudadanía, en general.
