Cinco meses antes del anuncio del fin de los asesinatos, la sociedad española se tuvo que tragar una decisión del Tribunal Constitucional que influyó en todo lo que ha sucedido después.
Al límite del inicio de la campaña electoral de las municipales y autonómicas, las candidaturas de la marca de ETA, Bildu, obtuvieron la autorización para presentarse a pesar de haber sido anuladas por el Supremo. Los hechos probados de poco sirvieron y el Constitucional tumbó al Supremo en una decisión que todavía duele cuando se recuerda.
El caso es que la banda terrorista ETA fue admitida para siempre como partido político. En aquellas elecciones tocaron más poder que nunca, llegando incluso al gobierno en la Diputación Foral de Guipúzcoa, donde había información sensible, como la que proporciona el IRPF.
El Estado había derrotado a ETA antes de abrirle aquella noche de mayo la puerta de las instituciones de manera definitiva. Darles la oportunidad de repartir poder y dinero no era más que un regalo que sonaba a compensación.
Las negociaciones y coqueteos políticos en la etapa de Rodríguez Zapatero culminaron con el permiso dado en aquella sentencia del Constitucional, que desautorizó a la cúpula del Tribunal Supremo.
Una vez instalados en ayuntamientos vascos y navarros, y con todo el personal simpatizante bien colocado y remunerado, el siguiente paso era disimular la derrota. Cuando en octubre de 2011 anunciaron el fin del terror, buscaban culminar la negociación sin disolver la banda y, por supuesto, sin pedir perdón por los 829 asesinatos que recordaba este 18 de marzo de 2017 la portada de ABC.
Desde entonces han buscado que no se visualice una realidad que es tozuda. No ha habido empate. Tampoco nada que se lo parezca.
Lo que no debemos dejar de hacer ahora es reivindicar sin descanso la memoria de las víctimas y la reparación por la vía de la Justicia. Nunca hubo dos bandos. Era un régimen de terror y odio xenófobo. La tragedia era la ausencia de libertad. Quedan centenares de crímenes por esclarecer.
La España constitucional no le debe nada a quienes buscan organizar una nueva farsa de entrega de armas. El «nada a cambio» de Rajoy es una respuesta que conviene repetir con letras grandes.
Los años del plomo con los que han convivido miles de españoles no merece ni una sola respuesta que no sea un sumario abierto en la Audiencia Nacional. Bastante han aguantado las familias que perdieron a sus seres queridos, los mutilados, los perseguidos y los exiliados.
Los residuos de ETA no pueden alterar nuestra memoria. Bastante tenemos con verlos legalizados como partido político. Hemos pagado un precio muy alto como para que nos escriban una sola línea más de enmienda a la derrota
