MARIANO Rajoy tiene cerrados los presupuestos del año próximo a medio diputado vista, todo indica que canario, según su propias palabras.
Conocemos las cuentas salidas del Consejo de Ministros porque se han hecho públicas. Tenemos igualmente información de lo que Rivera ha pedido a cambio de sus treinta y dos sufragios en el Congreso: 4.000 millones de euros para ese cajón de sastre llamado «gasto social» y que no suban, en este ejercicio, los impuestos ya confiscatorios que soportan los trabajadores.
Lo que no sabemos es el precio exigido por el PNV para apoyar con sus cinco diputados la ley llamada a mantener en pie la legislatura. No lo sabemos, pero lo sospechamos. Y la mera sospecha resulta intolerable.
Lo trascendido hasta la fecha es que el gobierno de Vitoria podrá finalmente renovar la plantilla de la policía autonómica, bloqueada desde hace tiempo por discrepancias técnicas con Madrid. Magro, muy magro estipendio por el oxígeno vital suministrado al Ejecutivo en esa votación crucial.
¿Es retorcido maliciarse que, bajo cuerda, como es costumbre, lehendakari y presidente hayan acordado facilitar el acercamiento de presos etarras que reclama con insistencia el partido de Sabino Arana? «Piensa mal y acertarás», dice el refrán. Especialmente, añado yo, cuando tus reflexiones transiten por el terreno de la política actual.
Como es natural, no se trataría de un acercamiento repentino y masivo, sino de algo gradual, empezando por los enfermos y cuidando que los movimientos pasasen lo más desapercibidos posible al grueso de la ciudadanía.
Poco a poco, los terroristas abandonarían las cárceles del sur para reagruparse a menos de 250 kilómetros de sus lugares de origen, siguiendo la propuesta de Urkullu, y en función de la tolerancia social a semejante tráfico se iría marcando el ritmo de las progresiones de grado y paulatinas excarcelaciones.
No estoy fabulando. Disponemos de indicios inquietantes y las demandas del PNV están ahí. La última pantomima de ETA anunciando su desarme proporciona un pretexto plausible al cambalache.
El permiso otorgado a Francisco Javier García Gaztelu para visitar a su padre repugna al concepto mismo de justicia, tratándose del asesino más cruel, desapiadado y jactancioso de cuantos ha producido la banda en su largo historial sanguinario, pero parece destinado a medir nuestra capacidad de tragar infamia.
Una capacidad aparentemente ilimitada, toda vez que, más allá de algún comentario crítico en prensa y radio, las vacaciones de «Txapote» no han causado mayor escándalo ni merecido un recurso por parte de la Fiscalía, adherida así por omisión a la claudicación del juez ante esta alimaña, perpetrada contra el criterio de la junta que rige la prisión donde purga sus crímenes.
¿No vivió Bolinaga dos años de feliz libertad merced a la «generosidad» de un Estado agradecido a la organización terrorista por perdonarnos la vida? ¿No está De Juana Chaos huido por idéntica razón? ¿Por que iban a ser menos los restantes sicarios de la serpiente, una vez consolidada la «paz»?
Me gustaría equivocarme. Pediría disculpas sinceras al Gobierno del que sospecho si veo que pasan los años y los etarras cumplen implacablemente sus condenas allá donde se encuentran ahora.
Respiraría aliviada si alguien nos explicara en virtud de qué prodigio el separatismo vasco se compromete con lealtad en el futuro de España… gratis et amore. Hasta entonces, permítanme albergar dudas y pedir que, en mi nombre, nadie otorgue a un terrorista una medida de gracia. No hay presupuesto que valga la dignidad de una Nación ni la justicia debida a las víctimas.
