Existen una serie de principios jurídicos que definen las reglas de juego del Estado de Derecho.
El principio de legalidad ocupa un lugar central en el sistema de garantías y es la piedra angular de las democracias modernas, porque un poder es legítimo cuando su titularidad tiene un sustento jurídico y es legal cuando los actos de autoridad que de él emanan se ajustan a las leyes vigentes.
Como no cabe dudar de la legitimidad de los poderes del Estado, habrá que preguntarse si la interesada revelación del informe de la UCO pidiendo investigar a Cristina Cifuentes por corrupción y la filtración del escrito de los fiscales en el que se señalaba al secretario de Estado de Interior como autor del chivatazo al clan González son actos de autoridad plenamente legales; es decir, que respetan pulcramente las normas y los procedimientos. Y la respuesta es -simple y llanamente- no.
Habrá quien entienda que las garantías penales y procesales en un Estado de Derecho son meros aspectos formales, porque lo que verdaderamente importa -con la que está cayendo- es que quien la haga, la pague. O dicho de otro modo: menos presunción de inocencia y más gente a la cárcel. Esta reacción puede entenderse desde las emociones, pero en ningún caso desde las instituciones.
Lo que está pasando -lo que le ha ocurrido a Cristina Cifuentes, por ejemplo- es grave porque el principio de legalidad, en su sentido estricto, ha saltado por los aires. Y lo peor es que nadie, todavía, ha dado explicaciones.
El escrito de los tres fiscales en el que se le imputaba un comportamiento delictivo al secretario de Estado de Interior fue calificado por el fiscal general de mero «error». Un «error» sin consecuencias, salvo para José Antonio Nieto, condenado a la pena del oprobio públicomediático de igual manera que la presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien un informe de la UCO propagado con aviesas intenciones buscaba «matar políticamente».
No son errores, sino la prueba del nueve de que algunas instituciones se han poblado de cazadores sin escrúpulos, de francontiradores que no buscan combatir la corrupción, sino cobrarse la pieza y exhibir la cabeza del PP en horario de máxima audiencia.
La corrupción política es un cáncer para el sistema y el PP tiene la obligación de abrirse literalmente en canal, pero hay otras formas de corrupción de cuya gravedad tal vez no seamos conscientes.
Si los actos de autoridad de los legítimos poderes del Estado no se ajustan a las leyes y se quiebra el principio de legalidad, la democracia habrá dejado de existir por mucho que llenemos las cárceles de políticos corruptos.
