El proceso secesionista impulsado desde Cataluña por los partidos independentistas sigue su camino, sus ritmos, y está previsto que en los próximos días anuncien la fecha del referéndum que pretenden celebrar, así como el texto de la pregunta que someterán a consulta. Todo es, por supuesto, manifiestamente ilegal, porque ni un Presidente de la Comunidad Autónoma, ni un parlamento autonómico pueden convocar un referéndum que ponga en solfa la soberanía nacional. Esta, como reza el artículo 1.2 de la Constitución, «reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Ante este desafío -algunos lo han calificado de «golpe de Estado»- el Gobierno de la Nación, con su Presidente a la cabeza, no tiene otra que cumplir y hacer cumplir la ley, que es lo que por otra parte juraron o prometieron al tomar posesión de sus cargos. Hay que aplicar la ley, toda la ley, y nada más que la ley, pues a pesar de lo que piensa el actual Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el Estado de Derecho en España es lo suficientemente fuerte y tiene las herramientas necesarias para impedir que se consume en las próximas semanas este desafío a ese Estado de Derecho.
Rajoy ha dicho que mientras que él sea Presidente no se celebrará ningún referéndum que tenga como objetivo preguntar en una parte del territorio nacional si quieren dejar de formar parte de España. Habrá que creerle al actual inquilino de la Moncloa, aunque los precedentes no ayuden a ello. El 9 de noviembre de 2014, los independentistas catalanes sacaron las urnas a la calle, los ciudadanos que quisieron pudieron votar, aunque todo fuera una pantomima, sin ningún valor legal. En aquella ocasión, Rajoy también dijo que ese simulacro de referéndum no se llevaría a cabo, cosa que como digo si sucedió.
Algunos, los muy políticamente correctos que también suelen ser tremendamente relativistas, hablan de que hay que evitar el choque de trenes y que hay que seguir intentando buscar una solución política y dialogada. No quieren aceptar que es metafísicamente imposible entenderse con quien lo único que persigue es irse de España, romper con la Nación que les ha acogido durante tantos años. No hay diálogo posible con quien antes de sentarse a hablar pone como condición el que si no se aceptan sus peticiones, se levantan de la mesa y se van. Así es imposible. Y eso es lo que vienen haciendo los independentistas catalanes en los últimos años. No han ocultado nunca sus intenciones. Otros, en su ceguera, pensaban y decían que este problema se arreglaba con dinero. Pues va a ser que no. Al final, repito, la única y mejor solución es aplicar la ley a quien quiera saltársela. ¿No habíamos quedado que todos somos iguales ante la ley?
