Decía mi padre que no conviene meterse con médicos o jueces, porque a lo largo de la vida siempre existe el riesgo de caer en sus manos.
No voy a hablar de los galenos, a los que sin duda se debe en parte que España aparezca en el ranking de la revista ‘Lancet’ con una de las diez mejores sanidades del mundo y con los que hasta ahora, gracias a Dios y a un código genético de primera división, apenas tengo relación.
No me ocurre lo mismo con los magistrados, de los que he declarado en más de una ocasión que más que respeto, mantra que repiten como loros políticos y periodistas, me infunden pavor.
En el sistema político español, ese que urdieron con enorme ilusión los Padres de la Transición hace 40 años y que degenerando ha llegado al Estado de la Autonomías que tenemos hoy, la clásica separación de poderes es bastante precaria.
En la práctica, apenas existe entre Ejecutivo y Legislativo, porque quien gana las elecciones, determina desde La Moncloa cualquier votación o ley que hagan los diputados.
El poder del Presidente, que con un simple párrafo del BOE pone firmes a los magnates del IBEX 35, es inmenso en todos los ámbitos de la vida española excepto en uno: el judicial.
Ahí poco tiene que rascar y mucho de lo que preocuparse. Los jueces, en paralelo al Gobierno y a menudo en competencia con él, son el otro gran poder español.
Un juez, si se le pone, puede mantener en prisión preventiva tres años a un tipo como Paco Granados, dar permiso para salir a sacarse el carnet de conducir a una terrorista como ‘La Tigresa’, dejar en libertad antes de fecha a un tarado como el ‘Violador del Ascensor’, cerrar una empresa boyante, parar una obra pública imprescindible, modificar caprichosamente un plan de urbanismo, exigir una fianza multimillonaria o poner una multa abracadabrante.
No responden de nada ni ante nadie, pueden decidir lo que les da la gana y hasta legislar por la puerta de atrás. Lo han hecho a la hora de ‘ajustar’ con sus sentencias la reforma laboral y lo hacen a diario en muchos otros campos.
Incluso presumen de ello, como hizo el juez Velasco cuando soltó que ellos tienen que «interpretar la ley conforme al pueblo».
No se que les recuerda eso de la ‘voluntad popular’, pero a mi me hace evocar con cierto estremecimiento otros tiempos y latitudes.
Los guardianes tendrían que tener un guardián y volver a leerse las reglas del juego en democracia.
ALFONSO ROJO
