LA alcaldesa de Madrid ha rehusado colgar de «su» Ayuntamiento un cartel de homenaje a Miguel Ángel Blanco, alegando que con ese gesto habría agraviado a otras víctimas tan dignas como el concejal asesinado.
No explica la señora regidora por qué, entre todos los colectivos que padecen marginación, sí ha podido discriminar positivamente en la fachada del consistorio a los refugiados, las mujeres que sufren violencia o los miembros de la comunidad LGTB, aunque a efectos de esta columna esa constatación es irrelevante.
Lo verdaderamente importante aquí es lo que Manuela Carmena entiende por «víctimas del terrorismo». Y la respuesta se encuentra en un «Informe sobre Vulneración de Derechos Humanos en el Caso Vasco, 1960-2013», elaborado por cuatro supuestos «expertos» encabezados por ella bajo los auspicios del gobierno autonómico. Una verdadera joya.
Después de exhibir cinismo a lo largo de catorce páginas, el texto propone «poner en marcha los mecanismos específicos que, por un lado, clarifiquen los atentados de ETA no esclarecidos, la realidad y extensión de la extorsión económica y el número de personas que abandonaron el País Vasco por la violencia de persecución; y por otro, investiguen las violaciones de los derechos humanos no clarificadas y cometidas por las fuerzas de orden público, o por grupos violentos ya fueran estos controlados o incontrolados, así como cualquier otra práctica legislativa, ejecutiva o judicial que hubiera podido desembocar en vulneración de los derechos humanos».
A guisa de recomendación final, su ilustre señoría y demás firmantes escriben: «según los estándares internacionales no todos los sufrimientos pueden considerarse vulneraciones de derechos humanos. Esto no significa que no deban tenerse en cuenta desde una perspectiva de sanación social.
Piénsese en el ámbito familiar. El padecimiento de cada miembro de la familia de alguien que se ha visto amenazado, extorsionado o difamado por ETA. El padecimiento añadido de las familias de los presos, o el de cada una de las familias de las 40.000 personas detenidas, de las que, según Interior, menos de 10.000 fueron imputadas por su relación con ETA. Pero, sobre todo, téngase en cuenta que 277 personas más han perdido la vida de muy diversas maneras en acontecimientos o circunstancias vinculadas a la violencia: suicidios, enfrentamientos, manipulando su propio armamento, por disparos fortuitos entre cuerpos policiales…
Aunque todo ello no puede considerarse en sentido estricto vulneración de derechos humanos, forma parte de la memoria de lo sucedido. El equipo redactor constata la necesidad de analizar y reconocer también esta realidad y lo recomienda explícitamente».
O sea, que de haber exhibido en el Ayuntamiento una fotografía de Miguel Ángel, la señora alcaldesa se habría sentido obligada a colocar a su lado una de Txapote. O del padre de Txapote, a quien el repugnante asesino etarra pudo visitar en su domicilio hace unos días.
O acaso de Egoitz Gurrutxaga Gogorza, reventado en 2002 por la dinamita que llevaba en la mochila. O de cualquiera de los terroristas que han denunciado torturas siguiendo el manual de instrucciones de la banda. En caso contrario, y de acuerdo con su peculiar visión del «Caso Vasco», habría estado discriminando a unas víctimas respecto de otras. ETA ha asesinado a lo largo de su infame historial a 858 inocentes, en su mayoría guardias civiles, policías y militares, muchas de cuyas familias aún esperan justicia.
Todos y cada uno de ellos merecen honras idénticas a las de Miguel Ángel Blanco, aunque la mayoría no disponga de una fundación dedicada a reivindicar su memoria. A todos debemos los españoles gratitud por su sacrificio. Pero los escrúpulos de la alcaldesa nada tienen que ver con eso. Lo suyo es equidistancia… en el mejor de los casos.
