Antonio Sánchez-Cervera

¿Es antigua nuestra Constitución de 1978?

¿Es antigua nuestra Constitución de 1978?
España, Cataluña, separatismo, independentismo, Constitución. PD

Analicemos algunos países de nuestro entorno sobre la vejez de sus textos constitucionales y lo que establecen al referirse a la unidad de Estado y, por ende, a su unidad territorial.

PORTUGAL: Constitución de 1976
«El Estado es unitario»

FRANCIA: Constitución de 1958
«Francia es una República indivisible»

ITALIA: Constitución de 1947
«La República es una e indivisible»

ALEMANIA: Constitución de 1949
«Unidad para todo el pueblo alemán»
«Primacía del Derecho federal frente al Derecho de los Länder»

REINO UNIDO: Su constitución es material: es el conjunto de leyes y principios bajo los cuales se gobierna el Reino Unido
El Reino Unido es un Estado unitario y aunque Escocia, Gales e Irlanda del Norte, poseen sus propias legislaturas y ejecutivos, la autoridad de todos estos órganos depende de las leyes del Parlamento y que pueden, en principio, ser suprimidos por deseo del Parlamento del Reino Unido.
Rige la soberanía parlamentaria desde 1688, según la cual los estatutos que se aprueban por el Parlamento son la fuente suprema y última de la ley del Reino Unido.

AUSTRIA. Constitución de 1920
Austria es un Estado federal que se compone de los Estados autónomos

Las modificaciones del territorio federal que supongan al mismo tiempo modificación de un territorio regional y las modificaciones de frontera regional dentro del territorio federal sólo podrán realizarse, salvo en el supuesto de tratados de paz, por leyes constitucionales concordes de la Federación y del Estado cuyo territorio sufra alteración. El territorio federal constituye una zona uniforme monetaria, económica y aduanera. Dentro de la Federación no se podrán establecer líneas de demarcación aduanera ni otras restricciones al tráfico.

Vemos pues que nuestra Carta Magna es la más joven respecto a las de los países mencionados. En todos ellos, como ocurre con el nuestro, rige siempre el principio de soberanía nacional y el de la Unidad de Estado y territorio. Prevalece siempre, de una u otra forma, la primacía de la norma suprema del Estado. ¿Estarán ellos equivocados?

Analicemos ahora lo que ocurrió electoralmente en Cataluña en el año 1978, fecha en la que se aprobó nuestra Constitución.

En ese año, Cataluña tenía una población de 5.803.725 personas, de las que 4.398.173 podían votar, eran electores. Votaron: 2.986.726, lo que supuso entre un 67 % y un 72, 3% de participación, porcentaje muy estimable.

De esos casi tres millones de votantes, 2.701.870 expresaron su SI a la Constitución, lo que supuso entre un 90% y un 92% de aceptación democrática constitucional.

Así las cosas, ahora, Cataluña tiene una población aproximada de 7.442.000 personas, con un censo electoral de unos 5.515.000 personas entre residentes en Cataluña y en el extranjero.

De los que votaron la Constitución de 1978, la persona que tuviera entonces 18 años tendrá ahora unos 58 años, por lo que en la actualidad existen muchos potenciales electores de 58 años en adelante que pueden volver a votar. Obviamente, habrá que contar con ellos y con el resto de los españoles que dijeron que SI a nuestra Constitución para modificarla, reformarla o derogarla.

Cualquier Constitución democrática que sea duradera no puede estar sometida a vaivenes generacionales, pues ese tipo de norma suprema ha de ser por encima de todo estable para que proporcione prosperidad a la comunidad. Cualquier procedimiento de reforma e interpretación servirá para actualizarla, nunca para derribar sus pilares fundamentales Ocurre también en todos los países europeos, muchos de los cuales tienen Constituciones que apenas fueron aprobadas por ciudadanos que aún están vivos.

Consecuentemente, en España, cualquier Comunidad Autónoma que quiera independizarse en el sentido de no formar parte de España tendrá que seguir una vía constitucional consistente en:

Primero, reformar la Constitución sometiendo a referéndum nacional la posibilidad de la independencia de las Comunidades Autónomas.

Segundo, si se acepta mayoritariamente en ese referéndum esa opción, dar cabida en el texto constitucional a esa posibilidad independentista.

Tercero, someter de nuevo a referéndum de la Comunidad Autónoma de que se trate el definitivo SI o NO a esa independencia.

Cualquier otro planteamiento se convierte en una falacia populista antidemocrática que ni tan siquiera podría calificarse jurídicamente como un fraude de ley, más bien un golpe de estado.

Antonio Sánchez-Cervera

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