Javier De Lucas

Más allá de Montesquieu

Más allá de Montesquieu
Ley

Vivimos ajenos a lo que se nos viene encima. Siempre vivimos ajenos a esta imprevisión. Esto se percibe con intensidad en la juventud. Sobre ellos será al fin sobre quien recaerán las injusticias y se cernerán las más atroces consecuencias de los abusos y negligencias del poder político y de la anarquía social: casi siempre la rectificación llega tarde.

No sabemos valorar ni reactivar las enseñanzas que nos aporta el empirismo histórico. Todo cuanto hacemos como reacción, es una sarta de desatinos como consecuencia del odio, el rencor y el afán de revanchismo. Hemos pasado de la casta política a la canalla política, y no precisamente en el sentido de la bohemia granuja, sino en el más abyecto sentido de la palabra.

Desde siempre medio mundo ha reprimido, sometido o se ha impuesto al otro medio; y al cabo de ello se invierten los términos para incurrir exactamente en lo mismo: quítate tú que me pongo yo.

Es imprescindible recuperar el espíritu de consenso y respeto a las leyes democráticas por parte de unos y de otros. A cada paso y en cada momento, se impone más reflexionar con más profundidad y exigencia en «Del espíritu de las leyes», de Montesquieu.

En el ánimo de todos debería existir una disposición absoluta hacia el respeto a las leyes y normas que conforman el estado de derecho, posibilitando a toda costa, cueste lo que cueste, su cumplimiento a ultranza.

En cuyo caso, la democracia, por su carácter protector de los bienes públicos y privados, sea cual sea su naturaleza, ha de imponerse con unas leyes tan justas como rigurosas siempre en pos de la libertad, la igualdad y el libre pensamiento.

A pesar de todo, ni aprendemos, ni entendemos, ni escarmentamos, tal es el poder del discurso persuasivo y falaz de la política. Porque, como dice Montesquieu acerca de la transición política de la República al Imperio en la antigua Roma, si no hubieran sido César y Pompeyo los artífices del cambio lo hubieran hecho otros, ya que no fue la ambición de éstos lo que los impulsó a la usurpación del poder, sino la ambición del hombre.

De tal manera, esta alternancia histórica del poder, trágicamente reiterada, y que hoy en día se sigue repitiendo en tantos países del mundo, nos la pone Montesquieu una y otra vez ante nuestros ojos. Bajo esta condición ambiciosa de poder se gestan finalmente todas las revoluciones y contrarrevoluciones, como ha quedado demostrado en la dinámica la política. Así llevamos diez mil años de Historia.

El rumor belicista callejero es preocupante, y no menos la deriva anárquica general que va tomando, como recordamos de otros tiempos. Pero no solo en ese ámbito; son infinidad de ellos en los que se percibe cierta largueza en los jueces a la hora de aplicar las leyes para restaurar el orden constitucional.

Suele decirse, cuando conviene a quien conviene, que la ley está para ser incumplida. Este conato de silogismo, además de estar mal planteado por incompleto, podría ser cierto, y lo sería desde una perspectiva a posteriori; porque es cierto que la ley puede incumplirse, lo que no es cierto es que ello libre de punición; es decir, que solo tras su incumplimiento se toma conciencia de esto por la sanción que conlleva o, en su defecto, por la denuncia de su vulneración una vez consumada ésta.

Tanto es así, de hecho, que también se exige su cumplimiento aun desconociéndola; porque es el sentido común y la necesidad de orden, algo que resulta tan familiar a todo ser humano, lo que nos lleva a discernir en nuestro fuero interno si nuestra conducta es buena o mala en función del perjuicio o beneficio que pueda causar a los bienes públicos o privados, sean de la índole que sean.

Por tanto, lo que sí es un imperativo categórico, es que la ley se hace para ser cumplida, de contrario es punitivo. Y de no valer o cuya utilidad sea caduca, habría que modificarla o derogarla; siempre que no se produzca una debilitación jurídica o un vacío legal que haga vulnerable la protección del bien para el que fue impuesta.

Ya no basta con la separación de poderes, ni el respeto a la ley, ni el estado de derecho que Montesquieu propusiera en su «Del espíritu de las leyes», y de lo que se habla de forma tan laxa, como si fueran meras palabras.

Ahora [siempre] lo que se impone urgente e inexorablemente es su cumplimiento, sea cual sea el ámbito institucional al que corresponda proceder en su aplicación.

De no ser así, el estado de derecho carecería de su razón de ser, y, obviamente, las leyes que lo constituyen y fundamentan no tendrían valor ni sentido alguno. Porque, en democracia, el valor de las leyes toma verdaderamente cuerpo en el rigor práctico de su cumplimiento, no sólo por el carácter formal de los códigos. En el ejercicio de la ley radica su imperio, que no es otro que el de la razón; en ello se encuentra su verdad práctica, y sin su ejecución no es nada.

«Del espíritu de las leyes» revolucionó la sociedad y la política de la época imponiéndose al despotismo imperante mediante la razón. No es así cuando la apertura, la tolerancia de las leyes, desnuda al estado de derecho ante el asombro y perjuicio injusto de los ciudadanos que las cumplen.

Porque, si la separación de poderes trajo consigo leyes justas e iguales para todos, [la Democracia al fin] ahora, sin embargo, parece que los que incumplen la ley llaman a los demás a que se sumen a ellos; de tal modo que la llamada es a que la igualdad aumente, pero en el sentido contrario, es decir que los que la cumplen sean minoría ante los que la incumplen. De tal manera que, si el peso de la ley resulta duro para quien la incumple, más aún lo es para quien sufre el atropello de la injusticia cuando se conculcan sus derechos.

He ahí lo que hace deficitaria, débil y perversa la Democracia frente al ciudadano. Aquí se invierten los términos: el despotismo se impone a la razón.
Parece ser que el concepto de estado, de nación, de conjunto de leyes que regulan la convivencia pacífica y protectora de la ciudadanía en dicho espacio geofísico, no es comprendido por los que lo usan como si fuera una propiedad privada.

No parecen entender que el Estado, la Nación, y todo lo que ello comprende, es un bien público del que todos somos usufructuarios y a cuyas normas todos nos debemos, y del que ninguno puede hacer uso como si de algo particular se tratara.

Para que lo entiendan los más elementales: a nadie se le ocurriría, en una comunidad de vecinos, apropiarse del rellano de su piso o de una zona común por decisión de cualquier familia que vive en una de las viviendas contiguas; como tampoco sería de recibo que, sin más ni más, cualquier vecino decida cambiar los estatutos de la comunidad bajo una indolencia manifiesta. Esto, obviamente, sería una arbitrariedad aberrante que, sin discusión alguna, no admite más que la aplicación rigurosa de la ley contra sus transgresores.

En un estado de derecho llega un momento en que si el cumplimiento de la ley [Carta Magna] resulta imposible mediante infinidad de exhortaciones con la pluma, es necesario tomar la espada.

Javier De Lucas

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