Estoy como casi todos: abrumada, perpleja y triste por como están ocurriendo las cosas en Cataluña, pero una vez llegados a este punto hay que buscar soluciones. Ayer me escribió una amiga que está de vacaciones fuera de España muy preocupada por las noticias que le llegaban y terminaba el watt con una pregunta. ¿El 155 un problema o la única solución?.
Ese es el asunto y cada vez hay más gente que apela a la aplicación del artículo, satanizado durante tanto tiempo, si la Generalitat, como parece, una vez que realice su esperpéntica declaración de independencia se sirve de la mayoría parlamentaria del independentismo en el Parlament para aplicar la Ley de Transitoriedad Jurídica. Esta norma implicaría por ejemplo, la ocupación de los edificios del Estado y la deposición de jueces. «Ante tal atropello, el Gobierno tiene el deber de actuar con proporcionalidad y templanza, pero también con absoluta firmeza», se podía leer ayer en los periódicos que mayoritariamente apelaban a la aplicación del artículo en cuestión.
«Los ciudadanos de Cataluña nos hemos ganado el derecho a tener un Estado independiente que se constituya en forma de república», proclamó un enloquecido Puigdemont la noche nefasta del golpe a la democracia parafraseando la pregunta del referéndum. En esa línea anunció que el Gobierno que preside trasladará «en los próximos días al Parlament» los resultados de la consulta para que actúe de con lo que prevé la ley del referéndum» lo que significa que la desconexión para ellos tiene que ser un hecho, aunque sea un trampantojo para una mayoría, demasiado silente.
¿Hasta cuando el estado debe esperar para parar esta locura. ¿La respuesta a esa pregunta no es simple porque cualquier precipitación o una mala aplicación del texto constitucional empeoraría todavía más las cosas. La CUP y sus secuaces de ANC y Omnium Cultural han arrastrado a parte de la clase política y de sociedad catalana a una ensoñación revolucionaria donde todo cabe. Si se están arrancando de cuajo en los ayuntamientos banderas de España, se hacen escraches a los alcaldes no independentistas, se utilizan técnicas mafiosas para amenazar a los empresarios que acojan en sus establecimientos a la guardia civil o incluso se usa de manera repugnante a niños como escudos humanos ya nos podemos esperar cualquier cosa y el estado de derecho no puede mirar a otro lado.
El artículo 155 dice textualmente que «Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general».
Si nos atenemos a una interpretación textual de esa definición está claro que se dan las condiciones precisas para su aplicación. Lo coherente sería que fuera una decisión unánime y apoyada por los partidos constitucionalistas pero si no fuera así a Rajoy puede que no le quede otro remedio que asumir tal decisión. «Tras la proclamación de independencia, la inmediata aplicación del artículo 155 resulta una necesidad, pero ya no puede ser con los fines y con el alcance jurídico que hubiera tenido si se hubiera aplicado para impedir el referéndum. Y es que la proclamación de ruptura con España por parte de un Parlamento autonómico, con la aquiescencia de su Gobierno, nos sitúa ante una crisis constitucional. Hace medio siglo un jurista francés definió la crisis como una situación que comporta un peligro para el Estado o para el régimen político (Paul Leroy: L’organisation constitutionnelle et les crises, París, 1966, pág. 9), lo que nos permite describir como crisis constitucional aquella situación en que el Estado o el sistema político están en peligro por causa de la vulneración grave de la Constitución. La declaración de independencia de Cataluña sería así una crisis constitucional que pone en riesgo grave el actual sistema político español al vulnerarse la Constitución y el Estatuto de Autonomía. En esta situación, cualquiera entiende que el Estado reaccione para impedir que triunfen las conductas que han provocado la crisis» explicaba en El País el catedrático de Derecho constitucional Javier García Fernández y yo estoy de acuerdo.
Rajoy se enfrenta, sin duda, al riesgo más grave que ha padecido la democracia española desde el 23 F y no solo es necesario que se invoque a la ley sino hacer un relato que contrarreste el monopolio de los independentistas que se están poniendo la botas y manipulando a su antojo con la ayuda inestimable de quienes han convertido en el share televisivo su gran negocio. Solo la unidad de los constitucionalistas por un lado y que la mayoría silenciosa agazapada en Cataluña despierte de una vez puede servir para parar esta locura.
