EL Rey abrió este 3 de octubre de 2017 el camino a una decisión desagradable, polémica, difícil de tomar y más aún de aplicar, aunque indispensable para salvaguardar la unidad de España y la Constitución bajo cuyo paraguas legal vivimos.
Me refiero, por supuesto, a la activación inmediata del artículo 155 de nuestra Carta Magna. Don Felipe, alarmado ante la gravedad de la situación prerrevolucionaria provocada en Cataluña por las máximas autoridades autonómicas, cumplió su papel institucional con un discurso impecable en el que impelía a las distintas instancias del Estado a garantizar el imperio de la ley.
Tan atinado y valeroso estuvo, que ha sido duramente criticado por el jefe de los golpistas y sus cómplices del PNV y Podemos, escocidos en lo más hondo. Él ha cumplido. Ahora es el Gobierno el que debe actuar sin dilación, empleando todos los instrumentos democráticos a su disposición a fin de parar el golpe antes de que se enquiste.
El PP, apoyado en su mayoría absoluta en el Senado y en la petición que ha hecho formalmente Ciudadanos, con o sin el respaldo de otras fuerzas políticas. El presidente Mariano Rajoy, obligado a honrar el juramento que formuló al tomar posesión de su cargo.
El Rey abrió valientemente la puerta a actuar como impone nuestro ordenamiento jurídico. Llevar esa recomendación a la práctica no es competencia suya, sino del poder Ejecutivo, en colaboración con el Legislativo y el Judicial.
Lo peor que podría suceder ahora es que los responsables de restablecer el orden conculcado se escudaran en sus palabras para seguir cruzados de brazos, esperando cobardemente acontecimientos, en la confianza de que Su Majestad haya tranquilizado los ánimos de una sociedad harta de humillaciones impunes.
El discurso del Rey nos devolvió la esperanza y rescató en seis minutos nuestra dignidad escarnecida. A partir de hoy son Rajoy y los jueces los que han de recuperar todo el espacio perdido en estos años de avance independentista, detener a los golpistas y poner a Cataluña en manos de gobernantes demócratas, cumplidores de la ley. Tienen todas las herramientas legales y policiales que precisan.
Únicamente les faltan determinación y coraje. No será rápido, no estará exento de riesgos, pero resulta inevitable. La única alternativa es la ruptura de España, ya sea de forma inmediata, ya después de «ganar» un tiempo que únicamente beneficiaría a quienes han usado y abusado del diálogo para ganar posiciones sin cejar en la exigencia y el victimismo.
A quienes como Puigdemont o Iglesias hablan de «mediación internacional en el conflicto», a semejanza de ETA hace años, tratando de situar en un plano de igualdad la parte sediciosa y el todo desafiado.
Hasta la fecha, la política de Moncloa ha consistido en reaccionar a los movimientos separatistas sin adelantarse jamás a ellos. «Acción, reacción», ante el temor de perder el apoyo del PSOE.
Por hacer lo que anuncia Puigdemont, la República que tanto alaba @ahorapodemos, metió 30 años de cárcel a Companys https://t.co/Ee6OfVmX86 pic.twitter.com/HFn1VoQJfq
— Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) 5 de octubre de 2017
Lo cual ha dejado siempre la iniciativa a los traidores a la Constitución de la que emana su poder, quienes controlan en este momento las instituciones, la policía y los medios de comunicación autonómicos, además de la agitación callejera.
Si no se actúa de inmediato y se permite que vuelvan a adelantarse en la proclamación de la «república independiente», como han advertido que harán el lunes, se les habrá concedido una ventaja estratégica de primer orden que no hará sino dificultar al Estado cumplir el mandato real y restablecer cuanto antes la ley y las libertades.
Tiempo habrá después para pedir responsabilidades por los errores de bulto cometidos en la gestión de esta crisis. Lo más urgente ahora es parar el golpe.
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