Se entiende por quebrantamiento la transgresión o violación de una ley, norma o contrato cuya acción implica la nulidad de lo realizado indebidamente.
Se trata de una actividad delictiva que se tipifica de varias maneras: deslealtad, perjurio, traición, prevaricación… En el caso de cargo o función pública que exige juramento, el quebrantamiento se entiende como infidelidad al fundamento del cargo que se ostenta.
El fundamento del Gobierno Autonómico es en España su Constitución, cuya desobediencia o desacato por los cargos públicos que han de aplicarla conlleva delitos de traición y rebelión.
El proceso de secesión y la declaración, mediante falso referéndum popular, incrimina a los responsables de la autonomía catalana, promotores de la rebelión con su Declaración Unilateral de Independencia.
El quebrantamiento de la Constitución y de las normas autonómicas ha sido todo un proceso que se ha practicado por el Gobierno de Cataluña por múltiples actividades que violentan la legalidad: desobediencia a sus propias normas estatutarias y del Reglamento de su Parlamento; desprecio de los derechos de la oposición, que numéricamente representa a más ciudadanos que la coalición que gobierna; malversación de caudales públicos dedicados a un proceso rupturista; fractura de la convivencia ciudadana, enfrentando familias y asociaciones; incremento galopante de la deuda pública, que sitúa a la Generalitat en quiebra financiera; desatención de servicios fundamentales de la comunidad, con descuidos de derechos primarios de los ciudadanos; favorecimiento de estructuras asociativas filiales del independentismo (ANC, Omnium Cultural), filiales del separatismo, organizadoras de actividades sectarias; alianza con grupos antisistema como la CUP, promotores de desórdenes públicos; daño irreparable a la economía catalana, poniendo en fuga a grandes empresas y ahuyentando programas de inversiones, rentas y comercio.
Ese desorden institucional, organizado en Cataluña por formaciones políticas sectarias, de ideología ultranacionalista, populista y antisistema, con amparo de instituciones académicas y eclesiásticas ultra conservadoras, de mentalidad fanática y excluyente, venían reclamando la intervención enérgica de las autoridades legislativas y judiciales del Estado de derecho, que ha sido puesta en práctica mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Medida que ha merecido el amparo y apoyo estratégico de Europa y de sus instituciones legales y económicas, al que se suma el reconocimiento de los grandes países del primer mundo, Estados Unidos y países hispánicos, y de organismos internacionales como la ONU y la OTAN, que velan por la paz, la seguridad y la estabilidad del orden mundial.
Esta campaña defensiva de la Unidad de España cuenta también con el aval del Papa Francisco, que en un Foro de Diálogo por el futuro de Europa, se manifestó ayer preocupado por «el avance del populismo y el retorno de los nacionalismos», como lacras de la convivencia.
Oriol Junqueras, líder del republicanismo catalán, junto a Rufián y Jordi Tardá, que se confiesa católico ferviente, debería seguir el consejo y amonestación del Papa Francisco, aplacando su ardor fanático ultranacionalista.
La restauración constitucional de la autonomía catalana, que precisa de un largo proceso de recuperación de la convivencia, reclama participación honesta de los estamentos de alta cultura despolitizados, académicos, eclesiales, educativos y de comunicación, siendo sucesores de los grandes intelectuales, políticos, científicos, artistas, deportistas…, que hicieron y hacen grande a Cataluña, integrada en la tradición y la historia de la España de progreso del siglo XXI.
