ESTAMOS todos los españoles cautivos en las mazmorras del drama español. Estamos secuestrados por una minoría nacionalista catalana que amenaza con destruirnos y nos impide una normalidad que resulta urgente y apremiante.
Estamos encerrados y vemos cómo la vida pasa y las oportunidades se van también para siempre. Igual que se van de Cataluña y también del resto de España, las ferias o agencias e inversiones y proyectos, se va el tiempo que pasa para siempre para todos con cruel rapidez.
Los últimos conocidos que comentan que se van de Cataluña para siempre ya no dan como explicación el miedo a las hordas separatistas, ni el totalitarismo en los colegios o el puro racismo en la administración, ni ese infinito hastío que produce toda la permanente monserga nacionalista.
Solo dicen que la vida es demasiado corta para pasarla con ese latazo infinito que consideran precisamente eso, infinito. Porque las esperanzas de que la decisión de imponer el 155 supusiera un punto de inflexión en esta trágica deriva se han difuminado.
Las elecciones del 21-D, que impiden toda la necesaria aplicación del 155, han frustrado la ilusión de que España volvía a Cataluña para enmendar trágicos errores que nos han traído hoy al borde del enfrentamiento civil.
La frustrante lucha contra el golpismo separatista nos muestra dolorosamente los límites del sistema. Convierte en sarcasmo los esfuerzos del gobierno por convencernos de que todo funciona como estaba previsto.
Asistimos a un espectáculo de desafueros tan palmarios y ruidosos que ninguna orquesta mediática de pelotas lo puede ocultar. No hay separación de poderes cuando el ministro del Interior llama a los jueces a tener en cuenta realidades extrajudiciales.
No hay confianza en la justicia cuando se acuerda con los reos los términos de su declaración para que no entren en prisión incondicional como correspondería por tan gravísimos delitos.
No hay normalización si por puro miedo a una foto y un editorial extranjero el gobierno permite que una turba filoterrorista paralice durante un día entero las infraestructuras de una región como Cataluña. Mañana podrían hacerlo con edificios estratégicos, aguas, electricidad, aeropuertos o instalaciones militares.
El gobierno proclama normalidad mientras hordas de fanáticos y mercenarios de la Generalitat advierten y demuestran que el Estado español no controla su territorio. Cierto que los cabecillas han demostrado ser una caterva de cobardes, que les tiemblan las rodillas en cuanto el Estado hace el mínimo gesto de respetarse a sí mismo y de utilizar sus armas legales para hacerles frente.
Pero saben que siempre pueden contar con su siguiente oportunidad. Ya se anuncian nuevas alianzas de los socialistas con los separatistas. El frente constitucionalista es mentira. Y todo nos lleva a una situación en la que el gobierno podrá pretender que el mal menor, siempre el mal menor, es acceder a unas condiciones especiales para Cataluña.
Unas condiciones que la nación rechaza. Porque las sabe antesala de su propia destrucción.
