La graduación de la responsabilidad se asocia con el criterio de apreciación de la participación en el delito, sea como autor, coautor o cómplice. No puede decirse, por más que así lo puedan apreciar los tribunales, que los representantes institucionales del Parlamento de Cataluña tienen menos responsabilidad en hechos delictivos que los miembros del Gobierno de la Generalidad cuando ponen en ejecución un plan secesionista y divisivo que pasa por la provocación, incitación, y sedición contra las leyes y el orden constitucional, representado tanto por el Estatuto de Cataluña como por la misma Constitución del Estado. De una forma tan inconsciente como estúpida ha vuelto a manifestarse cuanto tiene de estereotipo social el famoso sentido común catalán. Una vez en esta historia truculenta ha vuelto a expresarse con que falta de talento y pericia sus actores institucionales descuentan la concesión de atribuciones del Estado para exigirlo todo a sabiendas de su propia ruina y la ruina de los ciudadanos que dicen representar. Ya en el pasado, la revuelta de los segadores sometió el condado de Barcelona a la autoridad del rey de Francia por negarse a contribuir al sostenimiento del Estado y la monarquía española para luego quedar obligado a la monarquía francesa con peores términos y condiciones con que les reclamaba su cooperación el conde-duque de Olivares como ministro plenipotenciario de Felipe IV. Esta banda de delincuentes que ha venido tratando al pueblo de Cataluña como una finca particular poblada de súbditos muy creyentes han venido desarrollando una estrategia golpista desde los mismos albores de la democracia llegando a convercerse que aquello a lo que no tenían derecho y aquello que nunca fueron se les debía, un estado de expropiación relativa por lo que se reclama como propio y debido lo que nunca fue realidad ni deuda.
Prueba inequívoca de este concepto patrimonial lo observamos en los asociaciones instrumentales del proceso catalán, la denominada Asamblea Nacional de Cataluña embrión que nace para substituir el poder legislativo, como Omnium cultural un engranaje dispuesto a subvertir desde la sociedad y la cultura el tejido social de Cataluña. Han recibido subvenciones del gobierno catalán con el propósito y designio de que fueran instrumentos de la sedición y la sublevación contra las leyes. Ahora los encausados del proceso les reclaman a los que otrora fueron beneficiarios del proceso que contribuyan al abono de los quebrantos de la hacienda pública catalana expresados por los tribunales como fianzas. Pero Mas no es tan inteligente ni experto en estas lides como su padrino Pujol que le designara para el cargo, quien sólo se ocupó de acrecentar la fortuna familiar con todo tipo de expolios siguiendo los consejos de un traficante de información que para su fortuna, alega el inefable padre de la patria catalana, le dejó oculta a él sólo, su padre Florenci. Si en algo han triunfado estos canallas profesionales de la política es el haber subvertido el discurso con una escuela doctrinaria a resguardo de la defensa del catalán, como si fueran las lenguas y no sus hablantes quienes pudieran verse amenazadas por la comisión continuada de delitos sin cuento de sus usuarios. Lástima que el catalán no resulte como el chino y no pueda constituir un lenguaje críptico en el que articular toda la mafia gubernamental catalana. Sea en catalán o en español cualquiera que tenga un sentido mínimo de autocrítica puede saber de que se encuentra frente a una banda de forajidos que es capaz de instrumentar a sus ciudadanos, niños, adultos y ancianos y convocarlos a una muerte segura transfigurada como en la secta de Waco, o en la secta del pastor James Warren Jones de la Guyana en una suerte de mística de entrega al Todo. Se entiende, entonces, que reclamen los delincuentes sancionados por la actuación de la justicia, que los mismos a los que se robó su peculio y su futuro vengan ahora a contribuir a retribuir el latrocinio orquestado desde la deslealtad institucional pagando por partes alícuotas lo que la administración de justicia les reclama. Es el conocido caso de premio al ladrón.
El daño causado es muy superior a esta orquestación del robo. El ilícito penal no puede abarcar en modo alguno un daño incuantificable, como es, haber contribuido a la destrucción de la noción misma de ciudadano. La quimera de una sociedad uniforme, devota de la virgen negra de Montserrat, de habla payesa, de homogeneidad racial e irracional hace tiempo que desapareció en el contexto del desarrollo humano. El concepto de ciudadano viene a cubrir esas diferencias naturales entre los seres humanos bajo el común respeto a derechos y obligaciones que se predican de cada ser humano con independencia de su origen y creencias. Es el caso, que todos los seres humanos sobre la tierra son mestizos. Pocos se escapan a ese mundo de criollos excepto las sociedades de culturas arcaicas que mantuvieron una endogamia que les ha llevado a alteraciones del código genético sino a alteraciones del juicio de la razón sobre la evidencia. ¿En cuanto podría cifrarse la destrucción del concepto de ciudadanía?
La temperancia con que ha actuado el Tribunal Supremo no puede contribuir en modo alguno al engaño. No hay posible arrepentimiento ni confesión, ni sumisión a las leyes, meramente declarada, que pueda sortear los delitos ya consumados de prevaricación, malversación de fondos, inducción al delito, provocación, conspiración para la rebelión, y sedición. La letra menuda del auto judicial muestra precisamente que la expresión de la violencia no requiere el empleo de instrumentos o armas, basta con que la violencia sea por autoría mediata sobre aquellos que se han reunido en el propio gobierno de la generalidad para instrumentar los mecanismos de la violencia en la calle. La temperancia mostrada es únicamente política, o una restitución imaginaria del estado anterior a la enfermedad, pero la sanción penal debe caer con todo su peso, porque tan importante es el castigo del culpable, como importante el testimonio de lo que está prohibido y no debe hacerse, y de lo que debe hacerse en el ejercicio de un mandato de respeto a la libertad de la ciudadanía.
