HACEN bien Ciudadanos y Compromís negándose a votar el cupo vasco. Cualquier otra posición resultaría incoherente con lo que ambas formaciones defienden.
Y si bien la incoherencia es la manera habitual de estar en política hoy en día, parece lógico y aún encomiable que no todos los actores de nuestro escenario patrio se presten a representar la farsa.
El cupo vasco, cantidad que dicha comunidad autónoma abona al Estado español por los servicios no transferidos que éste presta en dicha región, es tan constitucional como injusto, insolidario, injustificable en términos fiscales e impropio de un país miembro de la Unión Europea.
Lo es en el importe del cheque en cuestión tanto como en el sistema que hace posible su existencia. Porque deriva de un «concierto», rescatado de los fueros medievales vigentes en buena parte de España y progresivamente eliminados, cuya inclusión en la Carta Magna para las comunidades vasca y navarra se debió exclusivamente a la necesidad de atraer al nacionalismo mal llamado «moderado» al bando constitucional, en pleno azote de terrorismo etarra.
O sea, a un chantaje, uno de tantos, perpetrado en ese tiempo en el que unos sacudían el árbol y otros recogían las nueces. ETA ya no mata, pero el cupo sigue ahí, en forma de privilegio cada vez más ventajoso para sus beneficiarios. Este año, de hecho, les sale a devolver. ¡Fíjense ustedes qué pedazo de ganga!
Tras dos lustros de negociación infructuosa, la mayoría insuficiente del PP ha proporcionado a los de Urkullu una baza ganadora en la disputa por esta bicoca.
Sus cinco diputados resultan cruciales para la aprobación de los presupuestos generales, lo que convierte en perfectamente legítimo lo que hasta ayer era inaceptable: rebajar en 540 millones de euros la cantidad a abonar por las haciendas forales a la estatal en 2017 y obligar a esta última a transferirles 1.400 millones en concepto de «atrasos» o «desajustes» acumulados durante la última década.
A resultas de lo cual los residentes en el País Vasco seguirán disfrutando de una financiación enormemente más generosa que la del común de los españoles (4.100 euros per cápita frente a los poco más de 2.000 a que somos acreedores los demás), pagando menos impuestos, gozando de sueldos más altos en el sector público y recibiendo mejores servicios en sanidad, educación, etcétera. ¿Cómo casar ese chollo con la igualdad y solidaridad consagradas en la Constitución?
El sistema de concierto y de cupo deriva de un criterio político antaño apaciguador, hoy pragmático hasta el cinismo.
De la voluntad de comprar una lealtad tan falsa como oportunista a costa de perjudicar al conjunto de la población. ¿Por qué ha de tener ventajas sustanciales un bilbaíno con respecto a un valenciano o un ovetense?
¿En base a qué razonamiento mínimamente democrático puede justificarse semejante agravio? Figurando Navarra y Euskadi entre las comunidades más ricas de España, ¿cómo explicar que no solo no contribuyan al sostenimiento de las más pobres, siguiendo el ejemplo de Madrid, Cataluña o Baleares, sino que reciban del fondo común más de lo que aportan?
Cuando el Ejecutivo catalán, acogiéndose al precedente, demanda un trato similar, se le deniega, alegando que las costuras fiscales del país no soportarían un mordisco así dado el peso de Cataluña en el PIB nacional.
Argumento tan veraz como carente de legitimidad, si damos algún valor a los principios más allá de las cantidades. Si creemos en la igualdad de derechos y obligaciones como un pilar democrático fundamental.
Hacen bien Ciudadanos y Compromís negándose a votar este privilegio invotable. Alguien tiene que plantarse ante el abuso de la minoría insolidaria.
