José Luis Suárez Rodríguez

Más Europa

Más Europa
Occidente, Europa y Unión Europea. PD

El proyecto de construcción de Europa y la consecución de su progreso eficaz y equilibrado se basa, ante todo, en la definición y puesta en práctica del Estado de Derecho. Este concepto, nacido en Europa, significa que el estado democrático lo es cuando sus poderes y funciones institucionales están regulados y garantizados por leyes ordenadas en una Constitución apoyada por la soberanía nacional.

La soberanía de Europa, conformada en su Carta Fundacional por los Estados de derecho que la refrendaron, descansa en principios y valores del HUMANISMO greco-romano, cuyo pensamiento confiere trascendencia política a los conceptos de democracia, libertad de conciencia, tolerancia de las formaciones políticas, poder de las leyes acordadas, estabilidad de las instituciones administrativas, comerciales y culturales, progreso de la paz, de la amistad y del respeto mutuo entre los pueblos.

La prerrogativa que Europa ha puesto en juego en las relaciones entre Estados de la Unión es la LIBERTAD, una vez fijadas las normas estructurales de la Comunidad (Moneda Común, Mercado Común, Ordenamiento legal común o Carta Magna). Y así, las actividades comunitarias de la UE se rigen por un sistema funcional de libertades: libertad de pensamiento ideológico, de libre comercio, de libre circulación de personas, bienes y servicios, de cultura lingüística, religiosa y artística libres…

La Europa libre sólo pone límites que se relacionan con la no vulneración de las libertades. En el ámbito de la política, el modelo de representación parlamentaria y de división de poderes, legislativo y judicial, tiene como adversarios a los grupos ideológicos que practican actividades y movilizaciones colectivas que ponen en peligro el Estado de derecho europeo. Y son éstos los grupos que promueven proyectos y actividades relacionados con el terrorismo, con el antisistema organizado, con el populismo radical y con el nacionalismo separatista.

El Estado de derecho europeo tiene como objetivo prioritario de su permanencia la defensa de los derechos individuales y colectivos, prerrogativa inalienable de la Unión Europea. En tal sentido, son criterios de pertenencia y de adhesión integradora en al UE, de acuerdo con los postulados adoptados por el Consejo Europeo en Copenhague, Lisboa, Maastricht y Madrid (1995), la exigencia de los derechos humanos, entre ellos: el respeto y protección de las minorías políticas o territoriales, la igualdad social sin discriminación de clases o de privilegios económicos, el libre acceso de todos los ciudadanos a los bienes de la cultura, sin merma por diferencias geográficas ni cortapisas lingüísticas.

La defensa política de los valores humanos de dignidad e igualdad de oportunidades habilita en Europa la necesaria protección jurídica e institucional para una equitativa distribución de los medios económicos y culturales que eviten amenazas de discriminación por parte de las clases favorecidas o de las regiones más ricas, como freno a la competencia desleal y abusiva de los mayormente capacitados o al surgimiento y enfrentamiento de movimientos radicales de todo signo. La Unión actúa como barrera ética y política en los desórdenes sociales y en la formación de derivas revolucionarias de todo tipo: el lucro, los privilegios y la exclusión de la ultraderecha y de los nacionalismos prepotentes; la lucha de la izquierda radical y de los antisistema, que claman frente a la pobreza y la desigualdad de oportunidades.

Las consecuencias de los derechos humanos discriminados o no satisfechos conducen a la formación de movilizaciones desestructurantes, conflictos étnicos fronterizos o resentimientos entre regiones por concesiones de privilegios, los guetos de emigrantes desintegrados, las rebeliones sindicales y estudiantiles, los brotes de desobediencia civil…

La UE ha montado un sistema complejo e integrador para la corrección de todo tipo de conflictividad social con repercusiones políticas. En tal sentido, ha creado: el Fondo Social Europeo. Redes de Protección de Consumidores. Comité de las regiones. Tribunal de Justicia de la UE. Sistemas de Protección Industrial, Bancaria, Medioambiental. Cooperación para el Desarrollo, Redes de Comunicación Transeuropea. Políticas de Turismo, de Becas, de Protección Civil, de Energías, de Ayuda Humanitaria…

Los conflictos regionales y entre Estados miembros en Europa tienen vías de negociación y soluciones acordadas en los Parlamentos correspondientes, o en el seno de las instituciones europeas parlamentarias, con debates libres y abiertos para llegar a soluciones acordadas, y la instancia del Consejo de Europa. Las autoridades europeas dan una pauta para las orientaciones y arbitrios de resolución, en consulta y seguimiento permanente con los Gobiernos de los Estados.

La UE no apoya ni alienta movimientos de secesión regionales de Europa, que tienden a desestabilizar los gobiernos establecidos y poner en desequilibrio a la propia Europa y sus instituciones en el proceso de estabilidad y crecimiento. Pero las autoridades europeas no escatiman esfuerzos en la condena de los desafíos y proclamas de dirigentes separatistas, cuyas amenazas y decisiones ilegales perturban la Unidad de Europa y entrañan riesgo de un efecto dominó entre las regiones afectadas por el soberanismo desintegrador.

El discurso eurófobo o euro escéptico es frecuente entre los demagogos del separatismo en la Unión Europea. Los representantes de la mentira, el rencor, y el fracaso de los intentos de separación huyen al corazón mismo de Europa con ansia de justificación o resentimiento por no haber conseguido sus proyectos. Es el caso del «Presidente» prófugo de la Justicia Española, condenado por golpismo al Estado cuya Constitución juró respetar, y que está abocado a ingresar en la cárcel por rebelión y por malversación o robo de dinero público a los catalanes y españoles. Ningún indulto debe redimirle de tales crímenes.

Puigdemont, huido a Bruselas, clama contra el «fascismo español» y su «democracia fallida». Y constantemente hace una crítica acerba a la credibilidad de las instituciones europeas, que tacha como «ese club de países decadentes», al mismo tiempo que intenta allí internacionalizar el desafío independentista. Y pregunta, dirigiéndose a las autoridades europeas: «¿Van a seguir apoyando a Rajoy en este golpe de Estado?», refiriéndose ilusamente a su «Republica catalana», cuya soberanía él ostenta desde que «fue proclamado», en ilegal y manipulado referéndum como su «Presidente electo». Ni se ahorra ataques directos contra el Jefe de la Comisión Europa, Jean-Claude Juncker, ni contra el Presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani.

La respuesta, sosegada y constructiva, le ha llegado de su Majestad el Rey Felipe VI, en el Mensaje de Navidad de 2017, que, con criterio europeísta ha dicho, entre otras cosas, refiriéndose a la formación de Mas Europa, que la Unión Europea ha de enfrentarse a los desafíos globales que la asedian, y para superarlos «no cabe la debilidad o la división sino la fortaleza de la Unión».

La política europea -puntualiza el Rey- debe afrontar con criterio constructivo los graves problemas relacionados con el terrorismo, el cambio climático, la transición energética, las desigualdades sociales, las crisis económicas, la lacra de la violencia machista… Y a España le cabe, en este momento, un papel muy importante en la construcción y en el progreso de Europa: «España debe recuperar el protagonismo en el proyecto europeo», ha remarcado. Y lo afirma el Monarca español en un momento en el que Europa se encuentra en una encrucijada histórica decisiva.

*José Luis Suárez Rodríguez es Analista Político. Asesor. Director de www.masespaña.es

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