Lo que el Gobierno tendría que hacer ante el fraude a las leyes y la burla a los tribunales españoles de unos cobardes golpistas que iban a ir hasta el final pero se quedaron cómodamente instalados en urbanizaciones de lujo, es ejercer una presión inmediata en Bruselas y dar un ultimátum a la Unión Europea para que exija a Bélgica y dentro del espacio Schengen a Suiza para que entreguen a estos dos malhechores huidos y colaboren inmediatamente sin excusas procedimentales que valgan entre socios europeos, so pena de deterioro muy importante deterioro de las relaciones con estos dos países. Así lo haría Alemania, Francia o el Reino Unido.
Es increíble que en el seno de la Unión y en el acervo jurídico europeo estos problemas no estén resueltos. Que el derecho internacional privado no haya sido perfilado a través de Órdenes europeas inmediatas de detención y entrega que no condicionen el enjuiciamiento ni los tipos penales del Estado socio de la Unión reclamante, pues pertenecer a la misma supone cumplir unos estándares y, por tanto, desde su incorporación excluir cualquier desconfianza acerca de los procedimientos judiciales de un país que forma parte de la Unión.
Y como quiera que España cumple de sobra, y a veces en exceso, esos estándares y requisitos, si dentro de la Unión europea la Orden de detención europea y la entrega o extradición no son inmediatos, es que la Unión Europea no existe, sirve para muy poco y ni es unión, ni es europea.
Este gobierno que en lugar de la materia económica aplica el principio de «dejar hacer, dejar pasar» a cuestiones de orden público, no lo hará, siendo la autoridad legítima en esta España cada vez más levantisca, un clamor político y social.
Lo inmediato sería exigir que la Unión europea desenmascare a estos países que son refugio del hampa terrorista, política y económica de medio mundo.
Lo inmediato sería hacer efectivas las resoluciones judiciales para que la justicia no sea un laberinto, los malhechores respondan inmediatamente y el derecho no sea un brindis al sol.
