ACOSO A LA GUARDIA CIVIL EN CATALUÑA

¡A por esos fanáticos, sectarios y xenófobos, que son pocos y cobardes!

Las medidas del artículo 155 de la Constitución no han llegado a los pueblos de Cataluña, donde la Benemérita representa la última presencia del Estado

¡A por esos fanáticos, sectarios y xenófobos, que son pocos y cobardes!
Agentes de la Guardia Civil frenan en seco a varios Mossos, favorables al referéndum ilegal del 1-O. CT

La patente de corso de los nacionalistas en el sistema educativo y en la televisión pública catalana garantiza conflicto para muchos años

LA vida cotidiana en Cataluña se ha transformado en opresión para las familias de los guardias civiles destinados en esa comunidad autónoma.

La citación judicial para esta semana de varios profesores por un posible delito de incitación al odio entre alumnos es la punta del iceberg del clima de marginación que, mientras se incrementa incesantemente, rodea a los agentes de la Benemérita y sus familias, sobre todo a los hijos en edad escolar.

El reportaje que este 29 de abril de 2018 publica ABC recoge testimonios dramáticos, que describen situaciones más propias de lo que uno de los entrevistados califica como «pequeño País Vasco».

La fractura social provocada en Cataluña por el proceso separatista es prácticamente irreversible para estas familias de guardias civiles, porque está alimentada con mensajes de crispación y de enfrentamiento lanzados en las aulas en las que se forman -o se deforman- las futuras generaciones de catalanes.

Las medidas del artículo 155 de la Constitución no han pasado del Parlamento catalán y de la Generalitat, es decir, de la vida política organizada en torno a Barcelona. Nada, ni un eco, ha llegado a los pueblos donde la Guardia Civil representa la última presencia del Estado y, por tanto, de la Constitución. Ese caldo de cultivo municipal sigue nutriendo la movilización separatista.

La sensación de abandono es común entre las personas que han dado su testimonio a ABC, y algo se está haciendo mal para que sea ese su sentimiento en una etapa histórica en la que todos los representantes de las instituciones del Estado en Cataluña -jueces, fiscales y Fuerzas de Seguridad del Estado- deberían sentirse especialmente arropados, tanto por sus sacrificios por el interés nacional, como por el acoso que los rodea a diario.

Los tribunales llegarán hasta donde les permita la ley con las investigaciones sobre delitos de odio en las escuelas, pero los jueces no son, tampoco en este caso, los responsables de actuar sobre las causas sociales y políticas de ese «escrache» -más o menos intenso, más o menos explícito- que sufren los guardias civiles y sus familias en Cataluña.

La patente de corso de los nacionalistas en el sistema educativo y en la televisión pública catalana garantiza conflicto para muchos años. Y mientras el concepto de normalidad democrática en Cataluña se limite a celebrar elecciones con cargo al 155 que, además, podrían volver a ganar los separatistas, seguirán intactos los fundamentos que han permitido al separatismo poner en jaque al Estado y sembrar el miedo y el desasosiego entre las familias de unos guardias civiles que se sienten injustamente abandonados.

En muchos pueblos son ellos el último y único rastro que queda de un Estado en retirada.

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