Tiene que haber forma de impedir política o judicialmente que un prófugo de la Justicia haya situado su residencia oficial en el exterior y haya colocado a un otrosí en el interior sin que el gobierno ni la justicia puedan hacer nada. Toda la diplomacia española, toda la corte pretoriana de abogados del Estado y todo el CNI que rodean al Presidente no pueden o no reciben instrucciones de sus superiores que no quieren, o no se les ocurre nada.
Hay cientos de trámites en la Administración española que exigen la presencia del interesado, pero según parece este señor no tiene que venir personalmente a nada para conservar su ciudadanía que ha atacado con saña, retorcimiento y mala fe, desafiando las advertencias de las más altas autoridades del Estado español, incluyendo su Rey y su pueblo soberano.
El ostracismo de los griegos no funciona en este caso del todo, porque los medios ganan dinero y porque Alemania está a tiro de piedra. Así que hay que hacer venir a este peligroso delincuente como sea. Primero poniéndose serios con Alemania que está ya tardando y después el CNI sabrá qué tramite ha de obligar a Puigdemont a recoger un envío, una notificación o un premio, retirándole como prófugo el derecho de representación y el de designación, como derechos políticos.
El presidente Rajoy mientras tanto, ha quedado desacreditado para gestionar un golpe de Estado. Rivera sólo debe decir si se considera capaz de hacerlo. Y si es así, se acabó lo que se daba. Dimita usted señor Rajoy y deje paso a quien afirme poner todos los medios para parar el proceso y el ciclo cansino de esta España levantisca.
Porque no se trata de «un fugado» que ande suelto por ahí fuera, señor Rajoy. Es «un golpista que, fugado, está dirigiendo y perpetuando el golpe, que es cosa harto diferente.
