Quienes desde hace 15 largos años hemos luchado sin descanso para que las víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen chavista, encuentren una jurisdicción donde se investiguen imparcialmente esos delitos, no podemos entender qué es lo que impide a la Sra. Fatou Bensouda, actual Fiscal de la Corte Penal Internacional, solicitar de una vez por todas a la Sala de Cuestiones Preliminares, el inicio de una investigación formal por los crimenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Desde el pasado 8 de febrero han transcurrido tres largos meses, sin que hasta ahora en la página de la CPI se diga algo diferente a lo ya anunciado, del inicio de un examen preliminar por los hechos ocurridos «al menos, durante el año 2017«.
Pero cada día que pasa desde entonces, se ha convertido una auténtica tragedia para la sociedad venezolana, pues aunque no lo parezca, el régimen sigue violando día tras día, los derechos humanos de los venezolanos, de manera sistemática y generalizada.
Aunque ya no vemos la represión violenta a las manifestaciones en las calles como el año 2017, el peor de los delitos contra un pueblo se está cometiendo ahora, de forma silenciosa, con la imposición intencional de condiciones de vida, a traves de la privación de alimentos y medicinas, que está ocasionando un verdadero crimen de exterminio por la destrucción de una parte de nuestra población, por desnutrición y falta de atención médica, ya que no existen medicinas e insumos para atender a quienes padecen enfermedades, algunas de ellas endémicas.
Este crimen de lesa humanidad compromete a los más altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, y especialmente a las Fuerzas Armadas Bolivarianas, porque han sido múltiples las ofertas de ayuda humanitaria, tanto de gobiernos extranjeros como de organismos internacionales, que han sido rechazadas abiertamente por el gobierno, dejando a la deriva a miles y miles de personas, muchos de ellos niños.
El dólo con el que están actuando no será difícil de demostrar. Lo que si resultara muy complicado a estos criminales, será explicar porqué se negaron a recibir la ayuda humanitaria
Hemos denunciado ante la Fiscal de la CPI este grave crimen de exterminio que está sufirendo una parte de nuestra población, por el efecto de una política de estado, diseñada con pleno conocimiento por parte de quienes dirigen el gobierno nacional, advirtiendo a la Fiscal, la responsabilidad en la que puede incurrir por su negligencia en la atención urgente de nuestra denuncia.
Cada día que pasa tiene como resultado la muerte de muchos seres humanos o el sufrimiento extremo de otros por hambre, falta de medicinas y atención sanitaria.
La responsabilidad de la Fiscal se potencia a niveles extremos, cuando evidenciamos que la tragedia que está sufriendo el pueblo venezolano no ha sido causada por un terremoto, cataclismo o fenómeno metereológico alguno.
Ni tampoco estamos en guerra. Todo el mundo ya conoce que la población venezolana es víctima de la acción de una banda de criminales que ha secuestrado el país, causando el destierro de millones de ciudadanos que escapan de una situación de insoportables condiciones de vida impuesta por éllos.
No son los organismos internacionales que actúan en las catástrofes telúricas o metereológicas, los primeros llamados a atender la emergencia. La principal responsabilidad está en manos de los órganos que pretenden administrar justicia universal y/o prevenir situaciónes de exterminio como la que se está produciendo en Venezuela.
¿Qué espera para actuar la Sra. Fatou Bensouda, sobre todo si tomamos en cuenta que ya dió inicio al examen preliminar sobre Venezuela, y nos encontramos ante graves hechos sobrevenidos que requieren su urgente intervención?
