Las televisiones públicas no se deshacen del lastre que supone el afán político por controlarlas. Los contenidos de estos medios deberían responder al interés general y no a los partidistas. Una financiación a modo de canon ayudaría a independizarlas.
En la entrevista que Pedro Sánchez pidió (nada de «concedió») a TVE, icono de las televisiones públicas, y que se emitió el pasado 18 de junio, el presidente del Gobierno amenazó con recurrir a un decreto ley para renovar el Consejo de Administración de RTVE si no se desbloqueaba el asunto en el Congreso. Y bastó este anuncio para que Partido Popular y Ciudadanos lo liberasen ipso facto.
Con esta interviú sin repreguntas, el presidente rompió su silencio en los medios, mantenido desde el 25 de mayo cuando presentó la moción de censura contra Mariano Rajoy. Desde esta fecha y hasta el 18 de junio, declaración institucional durante la presentación del Gobierno, silencio y ausencia de rueda de prensa tras su reunión con el presidente de Ucrania (4 de junio), más de lo mismo después de recibir al primer ministro de Irlanda (14 de junio), mutis durante y después del cese-dimisión de su ministro de Cultura y Deportes, Màxim Huerta, por defraudar a Hacienda, y otro tanto tras la decisión de acoger en España a los emigrantes del barco Aquarius.
? @sanchezcastejon: «Mi compromiso es que haya una RTVE que no esté al albur ni al dictado de ningún partido»https://t.co/IyLdS7Zyzx Por otro lado, asegura que si el Congreso no materializa un acuerdo, «el Gobierno de España no va a mirar para otro lado»
? #PedroSánchezTVE pic.twitter.com/x46vNwL389
— Telediarios de TVE (@telediario_tve) 18 de junio de 2018
España es el país de la OCDE con más televisiones públicas (13 autonómicas y una nacional, y todas ellas con más de tres canales), pero ninguna es independiente del poder político. Todas están sometidas al Gobierno de turno y su línea editorial es de defensa del PP, del PSOE, del PNV, del PDeCat o de la formación que lidere el Gabinete. Y algunas televisiones públicas, como la catalana TV3 (líder en internet durante trece meses consecutivos, con 1.989.000 usuarios únicos y un crecimiento del 36% en un año, según comScore) es un instrumento de adoctrinamiento y propaganda del independentismo que se cisca a diario en los catalanes que se sienten también españoles.
Además, los respectivos comités de empresa y de Redacción o Informativos están escorados a la extrema izquierda o al secesionismo, haciendo mucho ruido y elevando quejas cuando el Gobierno es de derechas, o manteniéndose en silencio y sumisos cuando es de izquierda o separatista. Su proceder resulta de lo más chocante, hasta el punto de que esos órganos tuvieron la desfachatez de denunciar en mayo a RTVE ante el Parlamento Europeo por supuesta falta de objetividad, arrancando de su Comisión de Peticiones una carta al Gobierno español en la que la presidenta de ese organismo, Cecilia Wikstrom, mostraba su «preocupación» sobre la situación de RTVE.
Un despropósito que acrecienta la leyenda negra contra España y que, para más sonrojo, no tuvo correlato por la falta de objetividad en las televisiones públicas autonómicas o por la línea secesionista y contraria a la Constitución y al Estatuto de la vergonzante TV3. Ningún valiente se atrevió a llevar a Bruselas lo que sí hicieron contra la televisión de todos los españoles. Así se utiliza la vara de medir.
Sea quien sea el elegido por el nuevo procedimiento aprobado en Cortes para nombrar a los consejeros de RTVE, y entre ellos al presidente, lo que no podrá hacer este es cumplir los principios de servicio público en los que justifica su existencia la corporación si sus ingresos dependen del ministro de Hacienda y de la marcha de la caja de las televisiones privadas y de las compañías telefónicas, que incluyen contenidos audiovisuales en su oferta comercial.
Suprimida la publicidad en TVE por José Luis Rodríguez Zapatero, siguiendo el veterano ejemplo de Radio Nacional de España y con el argumento cierto de que las televisiones públicas no deben tener fines comerciales sino sociales, y de que la publicidad debe ser para el fortalecimiento de los medios privados, habría que fijar una financiación estable para una televisión pública que debe su existencia a los objetivos de utilidad general que tiene que satisfacer y por los que en España vela la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Para RTVE, esas normas emanan de la Ley 17/2006 y se actualizan cada nueve años mediante un mandato marco y cada tres con un contrato programa.
El pago de un canon, el futuro de las televisiones públicas
Entre otras muchas finalidades, figuran la cohesión social, una programación de calidad que haga compatible la rentabilidad social y la máxima cobertura; satisfacer las necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento; difundir la identidad y diversidad social; impulsar la sociedad de la información; promover el pluralismo, la participación y los valores constitucionales, garantizando el derecho de acceso, y dedicar atención especial a colectivos sociales con necesidades y demandas específicas.
En otras palabras, cubrir los importantes huecos que deja la televisión privada comercial y de pago; estar a la vanguardia tecnológica, apoyar, promover y difundir en el mundo la Marca España y la gran obra de la civilización hispánica, que es política de Estado, a través de nuestra cultura, ciencia, industria, deporte, gastronomía, historia y quehacer, y vertebrar la nación cosiéndola por donde la descosen los independentistas con el uso torticero, impúdico y descarado de la tv pública autonómica.
Las Cortes Generales y @RTVE firman un convenio de colaboración para conmemorar los #40AñosDeConstitución. ?#NdP: https://t.co/jgHIoN13vp pic.twitter.com/30AhhmkdtE
— Congreso (@Congreso_Es) 14 de marzo de 2018
Para todo esto, fundamental en un país como el nuestro y en un mundo globalizado y competitivo, se necesita dinero suficiente y presupuesto predecible, que únicamente se consigue como lo hacen todas las televisiones públicas de la Unión Europea y de la OCDE, excepto España: con un impuesto finalista llamado canon. En el caso español, este tributo sería de tres tramos (televisión nacional, autonómica y local), aplicado a los propietarios de viviendas, oficinas y locales comerciales. Según algunos cálculos, ascendería a 40 euros anuales para los primeros y algo más para los segundos y terceros.
Allí donde no exista televisión pública autonómica y/o local, el titular de ese bien inmueble pagaría el 33% correspondiente al tramo nacional. El canon se cobraría con el IBI para no generar gastos burocráticos y su totalidad se ingresaría en la CNMC, quien lo distribuiría y ajustaría periódicamente, en función de las necesidades. Es la manera de que todas las emisoras públicas tengan suficiencia financiera y estén sujetas en sus contenidos y línea editorial a la autoridad de sus estamentos representativos y no a la dependencia caprichosa de los presupuestos públicos y de los Gobiernos de turno.
En una palabra, todas ellas deberían copiar el modelo de la BBC (British Broadcasting Corporation), que opera bajo el mandato de una carta real que garantiza su independencia frente a controles de tipo político o comercial. El problema para homologarnos con los demás países de la UE es que ningún partido político quiere dar el primer paso porque solo protestan cuando están en la oposición.
