Pablo Llarena, juez justo y respetable, admirado y apoyado por la mayoría de Asociaciones del Poder Judicial, ha de hacer frente al grave problema de habérselas en soledad, ante la demanda presentada contra él por los independentistas prófugos de la Justicia, enfrentándose a la Justicia de Belgica sin el apoyo del Gobierno de España.
El jefe de la banda que pide la demanda, Carles Puigdemont, inicia su escrito diciendo que «España es un estado delincuente», y trata de desacreditar al Juez Llarena como instructor: «incapaz de tratar a los opositores independentistas respetando sus derechos fundamentales».
Razones por las que, entre otras, la Justicia Belga no debió de admitir a trámite la demanda.
Pero si falló la justicia belga, más grave ha sido el error del Ministerio de Justicia del Gobierno de España, abandonando a su suerte al Juez instructor de una causa fundamental para la Unidad de España, no prestándole el debido amparo.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha adoptado una decisión política ocasional e interesada, no de Estado, haciendo caso omiso a las consideraciones técnicas dadas por la Abogacía del Estado, que conminó al Ministerio de Justicia a defender personalmente al Juez Llarena, ante el pleito que los independentistas le han puesto tramposamente en Bruselas, y que, de prosperar por abandono institucional del Gobierno de España, puede dejar la causa contra los golpistas en tesitura de fracaso.
Ningún magistrado ni colectivo de juristas han puesto en cuestión el papel desempeñado por el instructor Llarena. Por eso, la mayoría de las Asociaciones de Jueces y Fiscales de toda España, en un comunicado institucional, acusan al Gobierno de dejación de funciones de amparo e instan al Poder Ejecutivo a asumir la debida defensa del magistrado, que, además, esta siendo perseguido con su familia, en tierra de Cataluña.
El Poder Judicial ha emitido su Comunicado, haciendo pública su reclamación, precisamente después de que la Vicepresidenta Calvo declarara, de acuerdo con la Ministra de Justicia, que «el Ejecutivo defenderá la jurisdicción de España, pero se desentiende del amparo legal al Juez, alegando que «este papel corresponde al propio Poder Judicial».
En manifestaciones de la Ministra Dolores Delgado, titular de Justicia, los Servicios jurídicos del Estado defenderán la soberanía jurisdiccional de los tribunales españoles ante la Justicia belga, pero en ningún caso ello ha de suponer una defensa personal del magistrado del Tribunal Supremo «por actos privados que se le atribuyen» en la demanda rocambolesca emprendida por los secesionistas.
Ese posicionamiento de la titular de Justicia del Ejecutivo, según el Comunicado de Jueces y Fiscales, «sólo se entiende desde un desconocimiento absoluto de los trámites procesales o, peor aún, desde el propósito de no hacer nada». Conclusión que explica un enfado mayúsculo por parte de los firmantes.
Máxime, cuando está en juego la misma causa instruida, ante la amenaza que hace el juez belga, que cita al juez español, y que plantea: «Si España no se presentara ante el Tribunal, este tribunal podrá considerar que España renuncia a su inmunidad jurisdiccional».
El Juez Llarena ha realizado una instrucción rigurosa y modélica, de gran profesionalidad. Y no merece el abandono personal en el afrontamiento de la demanda torticera de los sediciosos fugados de la Justicia.
Se dice que alguien es «obtuso», cuando comprende las cosas con dificultad, quizás aquejado por la pasión o el interés. Extensivamente, reciben el nombre de «obtusos» los gobiernos cuya actividad no destaca o es puntera en lo que debería, y ve mermada su utilidad para el bien de la cosa pública.
No siendo agudo, el Gobierno Sánchez es mocho, o sea pusilánime; cuando, pudiendo entender y obrar con rapidez, se torna necio, porque haya de atender asuntos no prioritarios, pero sí urgentes para su necesidad de continuar una gobernabilidad que se le hace difícil.
En este sentido, Sánchez y su equipo de Gobierno, ante el problema surgido ante la demanda civil contra el Juez Llarena se muestra bastante romo: Hace caso omiso a los informes de la Abogacía del Estado; hace dejación de funciones en el amparo que debe dar a un juez honesto y ejemplar; toma la decisión de obviar las advertencias, consejos y recomendaciones que le son transmitidos por el Poder Judicial; continúa en la pasividad de la inacción interesada para mantenerse en el poder, a costa del bien social y el interés político de España.
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*José Luis Suárez Rodríguez es Director de www.masespaña.es Es autor de Filosofía y Humor y Lúdica. Asesor. Analista Político.
