Pedro Sánchez está dispuesto a poner en riesgo la viabilidad de España con tal de mantenerse como presidente del Gobierno.
El peaje que tiene que pagar a los golpistas para que le presten su apoyo lo puede todo. Incluso, dejar a los catalanes sin la protección necesaria y al albur de unos Mossos manejados por el separatismo.
El Ejecutivo ha decidido que no habrá dotación de refuerzos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que protegen Cataluña.
Los ciudadanos quedan, por tanto, desprovistos de un aumento de agentes esencial para garantizar el orden constitucional y la seguridad jurídica en la región. Un dislate que obedece a las negociaciones secretas que desde La Moncloa están llevando tanto con el president xenófobo Quim Torra como con el fugado Carles Puigdemont.
Hay que reconocer que desde el Ministerio del Interior habían actuado con diligencia. El titular de esa cartera, Fernando Grande-Marlaska, había nombrado al comisario principal José Antonio Togores Guisasola como nuevo jefe superior de Policía en Cataluña. Un hombre de profundas convicciones constitucionalistas y con una intachable carrera de casi 40 años que avalan su designación.
Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido privarlo de refuerzos estables a pesar del difícil contexto que viven al otro lado del Ebro, que es lo mismo que ceder una vez más ante los separatistas a pesar de que el contexto en la comunidad autónoma está al borde del enfrentamiento civil.
Desde las calles, los CDR imponen su violencia contra cualquier atisbo de españolidad y ley; desde las instituciones, las diatribas contra España son constantes. Cuando lo más conveniente sería la aplicación de un nuevo 155 que pusiera coto a esta incontrolable situación, Sánchez deja desprovista de apoyos a la Policía Nacional y, además, se propone «dejar la vía judicial y empezar a hablar de política».
Una manera de enmascarar una nueva cesión a la que también se han unido la vicepresidenta Carmen Calvo y la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera.
No es casualidad que, en los últimos días, varias voces del Gobierno y del propio PSOE hayan abogado por un posible indulto a los golpistas encarcelados. Ahora, sin la dotación de refuerzos, asistimos a un nuevo paso en la capitulación ante los separatistas.
Mientras la catarata de irresponsabilidades se hace cada vez más grande, el Banco de España advierte del riesgo que supone para la estabilidad de la economía nacional todo lo que ocurre en Cataluña.
Una economía en seria desaceleración a la que el Gobierno puede dar la puntilla de seguir cediendo ante los sediciosos. La seguridad jurídica de Cataluña necesita una mayor dotación de agentes fijos, pues la excepcionalidad de operaciones como la Copérnico no previene, que es de lo que se trata, sino que actúa tras el ataque.
Sería conveniente crear, al menos, 6.000 plazas permanentes y dotarlos de medios para que dichos agentes desarrollaran su trabajo de manera óptima. Sin embargo, Pedro Sánchez opta por no aportar ni un sólo refuerzo. Una irresponsabilidad más que, ojalá, no tengamos que lamentar con consecuencias irreversibles.
