Con el título «Europa advierte: Más Mercado Único, menos desigualdad», el eurodiputado Enrique Calvet del grupo ALDE organizó un encuentro en la sede del Parlamento Europeo en Barcelona el pasado 29 de octubre. El objetivo central del encuentro fue examinar las recomendaciones de política económica del Consejo Europeo a España para el segundo semestre de 2018. En mi ponencia, titulada «Recomendables recomendaciones de política económica de la UE a España», pasé revista a las recomendaciones del Consejo en materia de déficit y deuda y transparencia presupuestaria, así como muchas otras de orden más general sobre el mercado laboral, educación e investigación, medio ambiente, políticas sociales, coordinación de las Administraciones, etc., ámbitos muchos de ellos donde la transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas y la proliferación de normas autonómicas han resquebrajado la deseable unidad de mercado.
La parte final de mi intervención la dediqué a explicar ante Barbara Kaufman, Directora de Empleo y Gobernanza de la Comisión que abrió la sesión, por qué las instituciones europeas deberían estar muy preocupadas por el Plan presupuestario 2019 y remisión trimestral de información remitido por el Gobierno Sánchez el 15 de octubre. De ahí que a nadie le sorprendió que la Comisión, apenas tuvo acceso al borrador de PGE, enviara una carta al Gobierno el 19 de octubre solicitando aclaraciones sobre su contenido. Las ministras Montero y Calviño se aprestaron a restar importancia al requerimiento de información adicional solicitada por la Comisión, e intentaron presentarlo como lo que no era: mero requerimiento de carácter ‘técnico’ que no cuestionaba las líneas generales del Plan presupuestario. Pero lo cierto es que una vez suministradas por el Gobierno las aclaraciones pertinentes, el veredicto de la Comisión, conocido el 21 de noviembre, ha sido claro y tajante: el Plan del Gobierno incumple las recomendaciones hechas a España en materia de déficit y deuda, y, me atrevo a añadir, que la insatisfacción va más allá de las discrepancias habituales sobre previsión de ingresos y estimación de gastos.
Presupuestos borrosos e inquietantes
Casi un mes antes de conocer el dictamen de la Comisión de 21 de noviembre, advertía que el Plan presupuestario enviado a Bruselas, además de presentar defectos formales sustantivos en materia de previsiones para 2020 y 2021 e incluso algunas incoherencias aritméticas (columnas que no sumaban el total), contemplaba un aumento del gasto primario neto nominal (Gasto Total menos la suma de intereses, gastos financiados plenamente por la UE y cambios no discrecionales en las prestaciones a desempleados) del 1,7% y una reducción del déficit estructural del 0,4% del PIB en 2019, bastante alejadas del aumento del gasto primario del 0,6% y del ajuste del déficit estructural del 0,65% del PIB (8.200 millones) recomendados. Entrando en más detalle, el Plan presupuestario de Sánchez es, pese a sus 63 páginas, bastante más parco a la hora de informar sobre la evolución de las variables macroeconómicas y presupuestarias que el plan de Actualización del Programa de estabilidad y del plan presupuestario 2018 remitido por el gobierno de Rajoy en abril, un documento de 114 páginas que incluía el escenario macroeconómico detallado para 2018-2021 y previsiones minuciosas de ingresos y gastos del Estado. Además, el Plan de Sánchez incluye unas previsiones de aumento de ingresos que, además de ser optimistas, exigirían reformar varias normas tributarias, redactar y aprobar otras nuevas que difícilmente podrían entrar en vigor antes del 1 de enero, e intensificar muy sustancialmente la lucha contra el fraude fiscal.
Pero quizá lo más preocupante del Plan enviado a Bruselas era la alargada sombra que proyectaba el Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado 2019: presupuestos para un estado social firmado por Sánchez e Iglesias el 9 de octubre. El texto del Acuerdo de 50 páginas está subdividido en 14 bloques, los 12 primeros (pp. 2-41) dedicados a exponer la infinidad de medidas acordadas sobre pensiones, estado de bienestar y dependencia, vivienda, empleo, trabajadores autónomos, familias, ciencia, igualdad de género, Ayuntamientos, energía, calidad democrática y cultura, y los 2 últimos bloques (pp. 42-50) a indicar los recursos adicionales previstos para financiarlas.
El importe total de las 17 medidas incluidas en el Acuerdo cuyo impacto presupuestario se cuantifica (aunque nadie sabe con qué rigor) asciende a 4.595 millones, cifra que supera los 4.495 millones de ingresos adicionales que figuran en el Plan presupuestario del Gobierno enviado a Bruselas y que, no olvidemos, incluye partidas tan etéreas como 828 millones más de ingresos provenientes de la lucha contra el fraude fiscal. Por otra parte, los 3.383 millones de aumento de salarios y equiparación salarial (acordados con las organizaciones sindicales y los sindicatos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) que sí están incluidos en el Plan del Gobierno no figuran en el Acuerdo con Podemos. A la vista de estas contradicciones, no se puede afirmar que el aumento del gasto contemplado en el Plan presupuestario del Gobierno incluya todas las medidas cuantificadas en el Acuerdo con Podemos. Además de las 17 medidas mencionadas, dicho Acuerdo detalla un rosario de medidas que potencialmente aumentarían el gasto de las distintas Administraciones y cuya puesta en marcha se deja deliberadamente en el limbo para evitar contabilizarlas en el marco presupuestario. Pero figuran en el Acuerdo y no tengan ninguna duda de que la intención de Iglesias sería activarlas en cuanto los PGE 2019 fueran aprobados.
Preocupación en Bruselas
No descubro San Salvador al decir que el Gobierno ha incumplido reiteradamente los objetivos de déficit acordados con Bruselas, año tras año desde 2008. Primero, fue la necesidad imperiosa de atender las urgencias derivadas de la recesión económica y la crisis financiera, y más tarde la tentación de bajar impuestos y aumentar algunos gastos para mejorar las perspectivas electorales. El caso es que el momento de equilibrar las cuentas y contener la deuda se ha ido retrasando sine die, dejando siempre los deberes para el curso siguiente. Sánchez ha hecho honor a esta regla no escrita al incluir en su Plan presupuestario un recorte de tan sólo cuatro décimas en el ratio déficit/PIB en 2018 (de 3,1 a 2,7) pero comprometiéndose a reducirlo en 9 décimas (de 2,7 a 1,8) en 2019, a pesar de que el propio Gobierno, la Comisión, el FMI y la OCDE prevén una desaceleración del crecimiento del PIB el próximo año, y a pesar del aumento del gasto que contemplan el Plan del Gobierno y el Acuerdo con Podemos.
Hace unos días, escuché al presidente Sánchez expresar durante su intervención en un foro económico que una de sus mayores preocupaciones es el legado de deuda que vamos a dejarles en herencia a los jóvenes. Pues bien, ahora tiene la posibilidad de materializar esa preocupación rectificando el Plan presupuestario del Gobierno para equilibrar las cuentas lo antes posible y reducir la deuda. Me he referido antes a los malos estudiantes que prometen esforzarse el curso próximo. Completaré esta imagen con la del cazador que vende la pieza antes de cazarla. Aunque no comparto la idea de que aumentar el gasto corriente (pensiones, prestaciones desempleo, sanidad, educación, seguridad, infraestructuras, etc.) sea algo intrínsecamente malo, sí considero perjudicial y engañoso enjuagarlo en años de bonanza emitiendo deuda. Así que mi recomendación presupuestaria a Sánchez mientras dure la legislatura sería ésta: aumente la recaudación, reduzca el déficit y la deuda, y luego, si queda algo en la caja, vea cuál es la forma más provechosa de emplear el remanente
CLEMENTE POLO
Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico
clementepolo.wordpress.com
Universidad Autónoma de Barcelona
2215 de noviemseptiembre de 2018
