En la agenda pública de esta semana, sobresalen dos fechas marcadas en rojo que con toda seguridad van a marcar el devenir de la política española en los próximos meses y años. El martes 18, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo celebrará la vista previa del juicio a varios ciudadanos españoles a los que la Fiscalía acusa de rebeldía, por el papel protagonista que desempeñaron en los sucesos ocurridos en Cataluña en septiembre y octubre de 2017 y que, como todo el mundo conoce, culminaron con la constitución de Cataluña como república independiente el 27 de octubre. Tres días más tarde, víspera del siempre entrañable e ilusionante sorteo de Navidad, el gobierno de España va a celebrar el consejo de Ministros de los viernes en la ciudad de Barcelona, en lugar de hacerlo cómo es habitual en el Palacio de La Moncloa.
Quejas injustificadas ante un juicio justo
Desde la destitución del gobierno de la Generalidad el 27-O, hemos visto a todos los políticos secesionistas catalanes, desde quienes están ahora al frente de las instituciones de autogobierno de Cataluña hasta quienes aguardan juicio en prisión preventiva o se han convertido en prófugos de la Justicia, competir por desacreditar nuestro Estado de Derecho, tanto aquí como fuera de nuestras fronteras. Los hemos escuchado una y otra vez descalificar nuestra democracia y tildar de farsa el juicio que va a sentar en el banquillo a varios políticos acusados de saltarse el ordenamiento constitucional y declarar la independencia de una Comunidad Autónoma de España. Torra, actual presidente del gobierno de la Generalidad, en un alarde de desprecio a la división de poderes del Estado ha llegado incluso a afirmar que la única sentencia posible en este juicio es la absolución de los encausados. Al obtuso parecer de Torra y del resto de políticos secesionistas, saltarse la Constitución y el Estatuto, desacatar las sentencias de los Tribunales y proclamar la independencia de una parte del territorio español son naderías que sólo se persiguen en España.
Pues no, no es así. Y la mejor prueba de que España es un Estado de Derecho, extraordinariamente garantista y homologable con las más exigentes democracias, nos la proporciona el insólito hecho de que un independentista confeso como Torra, el mismo que llamó al ‘pueblo’ de Cataluña a seguir la vía eslovena para alcanzar la independencia hace sólo unos días, continúa siendo a día de hoy presidente del gobierno de la Generalidad de Cataluña. En la mayoría de Estados democráticos, cualquier presidente de una región o gobernador de un Estado que hubiera realizado declaraciones similares a las que hizo Torra habría sido ya destituido y acusado de traición. Que Torra siga al frente del gobierno de Cataluña es la prueba andante de que el Estado español acata los resultados de las elecciones democráticas celebradas el 21 de diciembre de 2017, y respeta escrupulosamente las decisiones del Parlamento de Cataluña que respetan nuestro ordenamiento constitucional. No podemos decir lo mismo de los políticos y los ciudadanos que van a ser juzgados por rebelión, desobediencia y malversación en el Tribunal Supremo a partir del martes 18. De algo sí podemos estar seguros todos los españoles: los encausados tendrán un juicio con todas las garantías de nuestro Estado de Derecho y sus abogados tendrán oportunidad de probar que no incurrieron en los delitos que la Fiscalía y la Acusación Popular les imputan.
Barcelona, ciudad de acogida
El Consejo de Ministros que se celebrará el próximo viernes en Barcelona coincidirá con la efeméride de las elecciones autonómicas del año pasado. Buen motivo para la reflexión. Empezaré por recordar cómo el Gobierno de España, pese a la gravedad de los acontecimientos ocurridos en Cataluña en septiembre y octubre de 2017, no dudó en convocar elecciones el 21 de diciembre para que los catalanes pudiéramos elegir libremente a nuestros representantes en el Parlamento autonómico. No deja de ser curioso que mientras el presidente Sánchez le pide a Torra aprovechar la ocasión para reunirse, algunos miembros de su gobierno consideren una provocación venir a Barcelona, segunda capital española, a celebrar un Consejo de Ministros.
El asunto se ha ido enconando día a día y hay un riesgo apreciable de que el próximo viernes volvamos a vivir otra jornada insurreccional, similar a la del 20 de septiembre en la Consejería de Economía y el 1-O con motivo de la consulta ilegal organizada y financiada por el gobierno de la Generalidad. La ANC ha convocado un ‘consejo popular de ministros’ en Barcelona el mismo viernes 21 para burlarse del gobierno de España, y junto con los CDR y la organización secesionista Òmnium Cultural amenazan con cortar los accesos a Cataluña y (algo más probable) colapsar la ciudad tomando las calles de Barcelona. Artadi, consejera de la presidencia, en un acto de un cinismo que raya con la incongruencia, ha equiparado la obligación del gobierno de la Generalidad de garantizar la seguridad del Consejo de Ministros con el derecho de los partidos y las asociaciones secesionistas a manifestar ‘pacíficamente’ su rechazo. Otra ironía donde las haya porque ya pudimos ver a los CDR en Barcelona, Gerona y Tarrasa hace unos días enfrentarse ‘pacíficamente’ a los Mozos en auténticas batallas campales.
La noche del viernes 21 de diciembre de 2018 no aguardaremos expectantes los resultados de unas elecciones democráticas en Cataluña, como el año pasado, pero sí podremos calibrar mejor hasta dónde está dispuesto a llegar este gobierno de la Generalitat en su órdago al Estado. ¿Cumplirá el gobierno catalán con su obligación de desplegar parte a los Mozos para garantizar el orden público y asegurar el normal desarrollo del Consejo de Ministros? O, ¿seguira el consejero Buch los pasos de su antecesor Forn y los sacará a pasearse por las calles de Barcelona con instrucciones de confraternizar con los comandos de la ANC, los CDR y Òmnium? El viernes por la noche saldremos de dudas.
El gobierno de Sánchez no debe tenerlas todas consigo porque García Marlaska, ministro del Interior, planea desplazar cientos de policías y guardias civiles a Barcelona en prevención de lo que pueda pasar el viernes. Espero que en esta ocasión los servicios de inteligencia del Estado estén al tanto de los planes de las organizaciones secesionistas para convertir Barcelona en un campo de batalla y el Gobierno cuente con un plan operativo eficaz para parar los pies (y las manos, si hace falta) a quienes salgan dispuestos a seguir la vía eslovena. La decisión de Sánchez de reunir el Consejo de Ministros en Barcelona, pese a las veladas amenazas, ha sido todo un acierto, no así sus desafortunadas declaraciones de que «no hace falta acudir al 155 [porque] se pueden movilizar fuerzas estatales para suplir la incapacidad o la falta de voluntad». Reconocer la incapacidad de los Mozos, un cuerpo policial con 16.000 efectivos, para salvaguardar el orden constitucional en Barcelona es ya muy grave, pero más lo es aceptar la falta de voluntad de sus mandos. Eso es algo, Sr. Sánchez, que el presidente del Gobierno de España no puede permitir.
Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico
clementepolo.wordpress.com
Universidad Autónoma de Barcelona
Clemente Polo
