El Gobierno Sánchez está dispuesto a cualquier cosa con tal de no convocar elecciones generales y apurar al máximo la legislatura, incluso, interferir en la independencia del Poder Judicial si con ello consigue el apoyo de los independentistas para sacar adelante los Presupuestos.
De hecho, y llama clamorosamente la atención, de los 21 puntos que Quim Torra pidió al Ejecutivo el pasado 20 de diciembre para sacar adelante las cuentas públicas hay dos que se contradicen entre sí, ya que la Generalitat pide, por un lado, «superar la vía judicial, que ha de abandonarse» y, por el otro, «garantizar la independencia judicial». Desde luego, un oxímoron en toda regla que muestra el escaso respeto de los separatistas a la legislación.
ERC y PDeCAT, socios de Sánchez en la moción de censura, han pedido al presidente gestos significativos con los golpistas del 1-O si quiere mantenerse en el poder, aunque lo cierto es que los socialistas ya han intentado politizar la Justicia para favorecer a los políticos encarcelados. Recuérdese, que nada más llegar a La Moncloa, Sánchez fulminó a Edmundo Bal, el abogado del Estado encargado de la causa del procés, y lo sustituyó por la letrada Rosa María Seoane.
El Gobierno, para justificar la rápida destitución, argumentó que habían perdido la confianza en Bal, sin embargo, tal y como muestran los hechos posteriores al cese, el letrado resultaba incómodo porque se negó a avalar el escrito en el que el Ejecutivo defendía rebajar el delito -y por ende las penas- de rebelión a sedición para los dirigentes encausados por el 1-O.
Un claro intento de interferir en la Justicia por parte de Sánchez que ahora, a apenas unos días del comienzo del juicio del procés, le ha recordado Manuel Marchena, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con un sutil y simbólico gesto.
El magistrado ha expuesto al Gobierno y, por lo tanto a Seoane, la nueva encargada de la causa independentista, que si quieren el acceso a la nube judicial que les permitirá seguir el proceso a partir del 12 de febrero desde la Abogacía del Estado tendrán que pedir las contraseñas al destituido Bal, ya que es el único letrado reconocido por el tribunal para acceder a toda la documentación colgada en el sistema. Un pequeño y casi insignificante detalle que, sin embargo, ha dejado en evidencia el vergonzoso y verdadero propósito de Sánchez: intentar boicotear a la Justicia con fines políticos y no respetar la separación de poderes que contempla la Constitución.
