Somos una democracia joven. Y al hablar de juventud siempre conlleva, por su propia definición, la falta de madurez; ésta, por tanto, es un apriorismo que, casi con toda seguridad, deberá dejar de serlo en el devenir historicista.
Es de por sí natural que todas las sociedades, los Estados al fin, muestren cierto grado de agotamiento físico cuando han pasado por los diferentes tipos fundamentales de gobierno, como la república, la monarquía y el despotismo, así como los diversos regímenes políticos; más aún sabiendo como todos sabemos que el paso de unos a otros, buscando la excelencia, ha significado siempre grandes asechanzas y vicisitudes tantas veces trágicas.
Montesquieu, en su Del espíritu de las leyes fija esa excelencia en la Democracia por ser el régimen que garantiza, o debería garantizar, la separación de Poderes en cuya naturaleza personifica la virtud (excelencia). Si embargo, a pesar de que la virtud de la Democracia no se halla al margen de toda influencia degenerativa, y sabiendo que el hombre cuando tiene el Poder, aunque sea democrático, tiende a abusar de él, marcó los límites mediante dicha separación de Poderes:
«¡Quién lo diría! La misma virtud necesita límites. Para que no se pueda abusar del Poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el Poder frene al Poder.» Del espíritu de las leyes. (XI, 4)
En un Estado democrático la ley fundamental es la Constitución, pero no sólo porque garantice la separación de Poderes y signifique el rango superior máximo sobre las demás normas legales que encarna la hegemonía de la ley, sino porque, además y principalmente, en ella se aseguran los derechos y libertades de la ciudadanía. Podemos aseverar que las leyes son el conjunto de Principios fundamentales que sostienen a un Estado democrático y de derecho. Dice Montesquieu: «La corrupción de cada Gobierno empieza casi siempre por la de sus Principios.» (VIII, 1). De lo que se concluye que si un Gobierno no gobierna el Estado basándose en los Principios de su Constitución incurrirá en despotismo y corrupción, pudiendo degradar por tal causa hasta al Estado mismo.
Como digo, el alcance de la corrupción no sólo puede llegar a cualesquiera de los Poderes del Estado. Puede alcanzar al propio Estado. Esto es gravísimo. Y suele ocurrir cuando la convivencia ciudadana, es decir, cuando el respeto a las leyes y a las libertades de cada cual son vulneradas pasando por alto la ética inherente que debe suponer el respeto de las leyes y cuando los límites de la libertad de cada ciudadano son violados sin que los Poderes no dediquen el esfuerzo suficiente, ni ejerzan la coerción para la que están legitimados, con el fin de restaurar la moral tan necesaria para la convivencia pacífica.
«Cuanto más se vea el hombre inclinado al reposo por causas físicas, tanto más deben alejarse de él las cusas morales.» (XIV, 5).
Es propio de las democracias pensar que la libertad consiste en que cada cual puede hacer más o menos lo que quiera. Nada más lejos de la realidad. Como dice Montesquieu, «La libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten», (XI, 3).
La educación, el respeto a los bienes públicos y privados, son los principios de una sociedad civilizada, de las leyes que constituyen un Estado; y, como consecuencia de ello, el individuo aprehende, adquiere mediante el intelecto y la sensibilidad, un sentido racional y coherente de «poder hacer lo que debe querer». En esto, y sólo en esto, consiste la libertad de la ciudadanía. De tal manera, las leyes justa y racionalmente concebidas pueden estatuirse e instituirse con la seguridad de que el ciudadano podrá cumplirlas como consecuencia de su madurez y formación cívica.
Existe un miedo, un pudor absurdo, a pensar y admitir que la naturaleza de ley ha de ser rigurosa por su condición disuasoria. Porque no basta con que los códigos contengan toda suerte de leyes y normas si el espíritu de la ley carece de una dinámica coercitiva. En realidad, ésta debe llegar a ser tan disuasoria como para inhibir de cualquier intento o deseo de contravenirla. No hemos de olvidar que sólo la ley tiene el monopolio de la violencia en un Estado democrático. De no ser así la ley se debilita y se hace permisiva y laxa, y, por lo tanto, se convierte en una gran injusticia, haciendo del Estado una ignominia. Así que, cuando la ley se corrompe desde el Poder, es muy probable que, debido a la tendencia humana de tantear el límite de lo prohibido, una gran mayoría de la ciudadanía termine convirtiéndose en una sociedad enferma. Tal concrescencia es lo que convierte al Estado en una anarquía; o, lo que puede ser peor: llevar a la sociedad a su desaparición como Estado.
