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La declaración de una diputada de Podemos negando sin más uno de los derechos humanos

La declaración de una diputada de Podemos negando sin más uno de los derechos humanos
Isa Serra (PODEMS). PD

La diputada de Unidas Podemos Isa Serra, miembro de la formación comunista Anticapitalistas, protagonizó este 14 de agosto de 2019 un momento especialmente bochornoso en la Asamblea de Madrid.

La diputada comunista sostiene sin ponerse colorada y ante cámaras de televisión y diputados autonómicos que la educación pública está para proteger a los hijos de sus padres.

Y sobre eso, reflexiona en voz alta @ElentirVigo en CONTANDOESTRELAS:

En un momento de su intervención, Serra arremetió contra el derecho de los padres a decidir la formación moral que desean para sus hijos, afirmando que la educación pública tiene como fin “proteger a los niños de personas como usted, señora Monasterio”, en referencia a la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, como si Rocío Monasterio fuese una delincuente y hubiese que proteger a sus propios hijos de ella.

Y eso lo dice una diputada que hace seis años se jactaba de ir haciendo pintadas y rompiendo cajeros, y que pertenece a un partido que apoya a una dictadura, que se ha manifestado a favor de los presos etarras y que ha respaldado a los matones de Alsasua.

¿A quién hay que proteger de quién? La diputada de Vox Carla Toscano ha publicado el vídeo de esa declaración en este tuiteo:

Esta declaración de Isa Serra vuelve a demostrar que Podemos es un partido comunista como los demás. De hecho, en todos los regímenes comunistas el Estado se ha apropiado del monopolio de la educación, pues esa ideología totalitaria considera que la educación de los niños deben decidirla los políticos (es decir, SUS políticos), y no las familias.

Es realmente alarmante comprobar que en España toda la izquierda sigue sosteniendo estos esquemas totalitarios.

Alberto Garzón y Pablo Iglesias.

Podemos atropella la Constitución y varios tratados internacionales

Hay que decir que con su declaración, Serra atacó un derecho amparado por el Artículo 27.3 de la Constitución Española:

“Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones“.
Este derecho también está amparado por diversos tratados internacionales suscritos por España. Esto dice el Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

“Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.
El Artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también se refiere a ese derecho:

“Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones“.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también suscrito por España, recoge ese derecho en su Artículo 13.3:

“Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones“.
Igualmente, esto es lo que dice el Artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos:

“El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas“.
La Carta de los Derechos Humanos Fundamentales de la Unión Europea también protege ese derecho en su Artículo 14.3:

“Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas“.

Así mismo, la Convención de la UNESCO relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza ampara en su Artículo 5 “la libertad de los padres o, en su caso, de los tutores legales” de “dar a sus hijos, según las modalidades de aplicación que determine la legislación de cada Estado, la educación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones“.

Amancio Ortega (INDITEX).

El partido de Serra también propone suprimir la propiedad privada

No es la primera vez que la comunista Isa Serra protagoniza una polémica en aras de sus planteamientos de extrema izquierda. En mayo la diputada podemita reclamó que la sanidad pública rechazase las donaciones de Amancio Ortega, después de que el empresario gallego donase más de una veintena de equipos para luchar contra el cáncer.

La declaración de la dirigente de ultraizquierda provocó un gran rechazo en la sociedad española, y algunos analistas incluso atribuyeron parte del declive electoral de Podemos a ese tipo de posicionamientos.

Por otra parte, ya señalé aquí que el partido de Serra, Anticapitalistas (heredero de la Liga Comunista Revolucionaria), defiende la supresión de un derecho fundamental como es la propiedad privada, al estilo de lo que ya hicieron las dictaduras comunistas, con desastrosos resultados. Si siguiésemos los dictados de esa diputada, España se convertiría en un enorme gulag, en el que una reducida élite política tendría el poder absoluto sobre nuestras propiedades y nuestras vidas.

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