Abel Caballero Álvarez fue un correcto ministro de Transportes, Comunicaciones y Turismo en el segundo Gobierno de Felipe González Márquez (6 de julio de 1985), es un popular (y populista) alcalde de Vigo desde junio de 2007 y ha ejercido con tino la presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) desde septiembre de 2015, hasta que ha caído en las redes de Pedro Sánchez Pérez Castejón y, atrapado en ellas, ha pasado a ser el “traidor” de la FEMP.
Y no les falta razón a quienes le acusan de felón por haber impuesto con su voto de calidad una medida que buscaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado y rechazaban todos los partidos presentes en la FEMP, excepto los munícipes del PSOE, que son mayoría. Con su acatamiento al deseo del Gobierno y su empecinamiento en que “el acuerdo es muy importante y satisfactorio para las entidades locales”, Caballero ha arruinado su presidencia en la FEMP y contribuido a la posible expropiación temporal (diez años a contar desde 2022) de 15 mil millones de euros ahorrados por los Ayuntamientos y pertenecientes a sus vecinos contribuyentes, a cambio de 5.000 millones para todos, en dos años y a fondo perdido. El motín de los consistorios por la confiscación de sus ahorros es, a juicio de los críticos, una medida injusta que torpedea la autonomía local y daña el municipalismo. El polémico acuerdo FEMP-Gobierno, aprobado como decreto ley en Consejo de Ministros y que debe convalidarse en el Congreso en septiembre, no parece que vaya a tener un recorrido tranquilo en un otoño-invierno en el que se abrirán varios frentes: mociones en ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos por una “posible vulneración de los artículos 137 y 142 de la Constitución, que consagran los principios de autonomía y suficiencia financiera como base de la gestión de las entidades locales”, manifestaciones callejeras, recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y la reprobación del presidente de la FEMP. Y a todo esto hay que añadir la situación jurídico penal a lo grande de Unidas Podemos, socio de coalición del Gobierno, que debilitará aún más al Ejecutivo, las elecciones autonómicas en Cataluña y la crisis económica, que se convertirá en pavorosa a partir de diciembre y derivará también en social. ¡Menudo panorama!
Además de todos estos fielatos, a fecha de hoy el Gobierno no cuenta con los apoyos suficientes para que el decreto-ley se convierta en ley, y más bien parece que el Ejecutivo tendrá que buscar otros vericuetos legales que permitan utilizar esos 15 mil millones respetando la vigente ley y la autonomía local. Y todo antes de redactar, aprobar en consejo de ministros, tramitar, discutir y aprobar en las Cortes Generales unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 que tendrán que acatar las disposiciones de Bruselas y las condiciones para acceder a los fondos comunitarios en forma de créditos y subvenciones a fondo perdido.
Con ser todo ello difícil y tortuoso, lo que parece más arduo es que Caballero recupere la credibilidad perdida en la FEMP después de protagonizar la alcaldada y hacer de felpudo de los designios sanchistas. Esta Navidad la iluminación de Vigo seguirá siendo la más espectacular y mediática del mundo mundial, pero sospecho que su alcalde no lucirá en ese firmamento con el fulgor de otros años.
